La Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) y la Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) impulsan la creación del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles en España.

La finalidad de este Centro es promover y acelerar el cumplimiento de los compromisos financieros ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles impulsados por Naciones Unidas a través de propuestas de valor para la economía española y sus ciudadanos.

La iniciativa se enmarca en el proyecto de Naciones Unidas para crear Centros Financieros para la Sostenibilidad que actúen como una red internacional de apoyo y promoción de las finanzas ‘verdes’ y sostenibles. En la Unión Europea ya existen nueve centros de este tipo.

Estos organismos ofrecen el marco de actuación para debatir y fomentar productos y servicios innovadores con el sello común de la sostenibilidad.

En España, el Centro nace con la vocación «de atender las dificultades y necesidades que tiene el tejido empresarial y, en particular, las pequeñas y medianas empresas del país para adaptarse a los requerimientos de la próxima Ley de Cambio Climático y a las propuestas normativas sobre finanzas sostenibles presentadas recientemente por la Comisión Europea», según un comunicado conjunto de los creadores del centro.

Y lo quiere hacer promoviendo soluciones de financiación e inversión innovadoras para facilitar este proceso de adaptación de las pymes españolas, incorporándolas así al movimiento de finanzas sostenibles que las grandes corporaciones mundiales han emprendido siguiendo el mandato del Acuerdo de París.

Este acuerdo, firmado en 2015 por más de un centenar de países, fijó tres acciones concretas sobre el cambio climático: mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los dos grados con respecto a los niveles preindustriales, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con un desarrollo económico resiliente al clima.