El rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha mermado un 6% la cantidad de 2.473 millones consignada para políticas de empleo, como cursos de formación o ayudas a la recolocación de parados. El Gobierno ha distribuido hoy 2.020 millones de euros entre las comunidades autónomas, que ejecutan estas políticas, y ha comprometido otros 297 millones más para el próximo mes de abril.

En conjunto, ambas cantidades sobrepasan en un 9% la cifra presupuestada en 2018. Además, el Ejecutivo ha constatado, sin ofrecer datos más concretos, una “mejora” en el cumplimiento de objetivos del Plan Anual de Políticas de Empleo del pasado año.

Las políticas de ayuda al empleo, como bonificaciones, cursos de formación para parados y ocupados, y diversos programas, han perdido 156 millones de euros respecto a lo consignado en los Presupuestos de 2019, que fueron rechazados por el Congreso en un movimiento que ha terminado precipitando el adelanto electoral.

El ministerio que dirige Magdalena Valerio distribuyó hoy casi 2.020 millones de euros entre las comunidades autónomas, que tienen las competencias en las llamadas políticas activas. Andalucía resultó la comunidad más beneficiada, con 340 millones; seguida de Cataluña, con unos 336 millones; Madrid, con 265 millones, Comunidad Valenciana, 192 millones, en un reparto que no incluye a las dos comunidades con diferente régimen fiscal, País Vasco y Navarra.

El reparto de fondos se realiza “por primera vez” desde 2011 en una fecha tan temprana, según el ministerio. Para ello las comunidades autónomas han dispuesto este años de la certificación de los fondos a principios del ejercicio, añaden.

Planes plurianuales

El criterio de reparto permite a las comunidades destinar los fondos a planes que se ejecuten a lo largo de tres años. Según el ministerio la posibilidad de estas convocatorias plurianuales “facilita y da utilidad a la ejecución de las políticas activas”.

El Gobierno y las comunidades se han marcado los objetivos de ayudar a los jóvenes a mejorar sus opciones de encontrar un empleo, desarrollar el programa de Garantía Juvenil y aumentar las bazas de quienes llevan más tiempo en el paro, según se fijó en 2017 en la Conferencia de Presidentes autonómicos.

Desde hace unos años, además, los servicios públicos de empleo evalúan la efectividad de sus políticas. Hoy, tan solo se supo que los datos “provisionales” acreditan una “mejora en el grado de cumplimiento de los objetivos” marcados en el llamado Plan anual de políticas de empleo 2018.

Objetivos en 2019

Para 2019, los servicios públicos de empleo se marcan como meta reducir el desempleo, aumentar la activación de los parados, y mejorar la cobertura de los puestos que quedan vacantes así como el grado de satisfacción de empleadores y usuarios de estos servicios.

Finalmente el Gobierno confirmó el incremento hasta el 55% de la subvención al empleo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, frente al 50% anterior, en los casos de discapacidad “severa”, con un incremento del gasto de 20 millones de euros, y que tiene como objetivo compensar el incremento de costes que ha la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros ha supuesto para estos centros; la distribución de fondos se realizará en octubre.