Miguel Sebastián, jefe de la Oficina Económica y ministro de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional por el espionaje al que fue sometido por una sociedad del comisario José Manuel Villarejo supuestamente por orden del expresidente del BBVA, Francisco González.

En la denuncia, canalizada por el despacho del exministro socialista Francisco Caamaño, Sebastián pide presentarse como acusación particular en las diligencias previas abiertas abiertas por el juez Manuel García-Castellón.

Y critica la actuación de los actuales dirigentes del BBVA: «A pesar del tiempo ya transcurrido desde que aparecieron las primeras noticias sobre este asunto, ningún representante del BBVA se ha disculpado públicamente por tales hechos, ni se ha dirigido a mi representado aunque solo fuese para informarle de las medidas internas que se piensan adoptar o para transmitirle su voluntad de prestarle ayuda y colaborar en la identificación de los responsables y en la defensa de los derechos de las personas perjudicadas».

Ésta es la segunda denuncia que se presenta en la Audiencia Nacional por el caso del espionaje FG-Villarehjo, tras la presentada conjuntamente el pasado 12 de febrero por Luis del Rivero, Vicente Benedito y José Domingo Ampuero ante “la violación masiva de la intimidad», que fue «aparentemente inducida por responsables de la entidad BBVA mientras detentaba la presidencia ejecutiva  Francisco González Rodríguez».

El exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas, ha anunciado que presentará una querella, además de enviar sendas cartas al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente de la CNMV, Sebastián Albella, para saber va a ser la actuación de ambas instituciones ante escándalo.

Violación de la intimidad, personal y profesional

La denuncia de Sebastián se basa «en las informaciones difundidas por diversos medios de comunicación en relación con las operaciones de espionaje y vigilancia realizadas por grupos operativos coordinados por el entonces comisario de Policía Sr. Villarejo cuyos servicios habrían sido contratados en el año 2004 por responsables del BBVA con el fin de favorecer los intereses económicos del Sr. Francisco González Rodríguez, entonces, presidente ejecutivo de la entidad».

Y pone el foco en que el espionaje viola la «intimidad personal y profesional», ya que los teléfonos pinchados correspondían a líneas oficiales de Presidencia del Gobierno: «Las informaciones acreditarían que las comunicaciones telefónicas de nuestro representado, en aquel tiempo Secretario de Estado y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, tanto las privadas como las oficiales, habrían sido intervenidas; que, así mismo, habría sido objeto de seguimientos y vigilancias continuadas y que, incluso, se llegó a construir un falso relato en torno a su persona con el propósito de desacreditarlo ante los demás e intentar torcer su voluntad», sostiene la denuncia.

También sostiene que «el examen de todos los materiales hasta ahora conocidos pone de manifiesto que estamos ante unos hechos especialmente graves que, de resultar finalmente probados, podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española».

Argumenta que «se habrían utilizado recursos del BBVA para la defensa de posiciones internas de poder en perjuicio de los accionistas minoritarios».