El plazo medio de pago a proveedores en 2018 aumentó en el sector público en 3 días, hasta los 68,  y en el sector privado en 4, alcanzando los 81 días, estando lejos en ambos casos de los 30 y 60 días, respectivamente, que establece la ley, según el  Informe de Plazos Medios de Pago 2018 elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

Su presidente, Antoni Cañete, pide a todos los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales la aprobación de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad.

“Con estos datos en la mano, la lucha contra la morosidad debe ser una absoluta prioridad para el Gobierno que llegue al poder tras las elecciones generales del 28 de abril”, asegura.

“Lamentamos que antes de que finalice esta legislatura no se vaya a poder aprobar la ley, debido a la presión de algunos sectores económicos y políticos, porque provocará que nuestras pymes y autónomos tengan que seguir padeciendo insostenibles plazos para cobrar sus facturas». «Un Real Decreto Ley sería la única oportunidad para frenar esta situación», sugiere.

Cañete afirma que “sería recomendable que las pymes y autónomos valoraran en su intención de voto a los partidos políticos que se comprometan en sus programas electorales a poner en marcha el régimen sancionador contra la morosidad”.

El año pasado el 63% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.

En caso de sufrir impagos, el 86% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.