El Gobierno dio hoy por roto el diálogo con la patronal CEOE y Cepyme, al tiempo que insistió en su idea de aprobar varios decretos con medidas de “recuperación de derechos” y contra la “desigualdad de género”, y anunció que aprobará la oferta de empleo público (OEP) para 2019, dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El ministerio de Trabajo anuló hoy la cita con los empresarios y los sindicatos en la mesa de empleo del diálogo social, pretextando problemas de agenda de la secretaria de Estado de Empleo Yolanda Valdeolivas. Un gesto que el Ejecutivo aprovechó además para marcar distancias con los patronos, con el argumento de que “va ser difícil que haya acuerdo en la mesa de diálogo social”, esgrimido hoy mismo por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

Un alejamiento que el Ejecutivo compensa con un acercamiento a los sindicatos sobre cuyos resultados se mostró hoy optimista el líder de UGT, Pepe Álvarez, quien minimizó la importancia de la reunión de hoy, y aseguró que el Ejecutivo de Sánchez tiene “voluntad política” de derogar aspectos centrales de la reforma laboral del PP.

Apurar los plazos

Sin embargo, los decretos leyes comprometidos hoy de nuevo por el Ejecutivo tendrán que esperar. El Gobierno podría aplazar su aprobación, y no aprobarlas el próximo viernes, según dijo hoy a entender el líder de UGT, Pepe Álvarez, quien dijo que aún quedan varios Consejos de Ministros antes de que se celebren las próximas elecciones generales del próximo 28 de abril.

Así lo confirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien reiteró que los próximos Consejos de Ministros estarán “cargados de medidas”. Y entre ellas varios reales decretos leyes con medidas de “recuperación de derechos laborales” y de reducción de la “desigualdad de género”, además de la Oferta de Empleo Público (OEP) 2019.

Renuncia a reformar las pensiones

Sin embargo, el Gobierno parece renunciar a aprobar la reforma de pensiones, tras constatar la falta de consenso mostrada en la comisión del Pacto de Toledo que se encarga de velar por el funcionamiento del sistema público de pensiones en el Congreso, según confirmó hoy también la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

Esta semana es la última en que el Congreso de los Diputados celebra su actividad normal. Por este motivo, los decretos que apruebe el Gobierno actual, aunque entran en vigor al día de siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deberán ser luego convalidados por la Diputación Permanente, un órgano especial que vela por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida.

La Diputación Permanente, que sustituye al Pleno del Congreso cuando este ha sido disuelto o ha expirado su mandato, está formada actualmente por 65 diputados, 32 de los cuales pertenecen a PP, Ciudadanos y UPN, mientras que los 33 restantes pertenecer a fuerzas que apoyaron la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez.

Hoy, el líder de UGT lanzó una advertencia a los partidos que se opongan a la reforma de la normativa laboral. “No veo a algunos grupos políticos justificando ante los ciudadanos una negativa a esta cuestión solo porque hay elecciones convocadas”, dijo, tras recordar las prioridades de su organización en este sentido, es decir, recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad aplicativa del convenio de sector sobre el de empresa y la instauración de un control horario obligatorio en las empresas.