El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha criticado hoy la posibilidad de que el Gobierno eche abajo la reforma laboral del PP mediante uno o varios decretos leyes, tal y como pretende el Ejecutivo de Sánchez. Para el líder de los empresarios, “un decreto ley tiene poco de diálogo”, según ha dicho, tras revelar sus contactos con los grupos parlamentarios para que cierren la puerta a la normativa de Sánchez.

Garamendi cargó contra los reales decretos leyes que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez afirma que prepara para derribar algunos de los aspectos “más lesivos” de la reforma laboral del PP. El presidente de CEOE, ante un centenar de empresarios y personalidades del mundo de la política y la economía, afirmó que la organización empresarial mantiene contactos con los grupos parlamentarios del Congreso, a fin de impedir que el Ejecutivo de Sánchez trastoque la normativa del mundo del trabajo en un período “plurielectoral”.

Garamendi afirmó que “no es el momento” de detallar tales contactos con las fuerzas políticas, si bien admitió sus movimientos en este sentido, una vez que el Ejecutivo parece dispuesto a legislar sobre este asunto, si bien precisa del apoyo parlamentario.

La exhortación de Garamendi a los grupos políticos llega un día después de que PDeCat, ERC, Bildu y Compromís se mostraran a favor de respaldar posibles cambios en el seno de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que debería convalidar uno o varios reales decretos leyes tras la disolución de la Cámara por la convocatoria electoral.

Garamendi apoya la reforma laboral del PP

El jefe de los empresarios ha deslizado algunas críticas al Gobierno de Pedro Sánchez durante una comparecencia en el Foro Nueva Economía durante la cual ha defendido la reforma laboral y financiera emprendidas por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Garamendi ha dicho que sus teléfonos están “permanentemente abiertos” con el Gobierno, y que su relación con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, es “buena”, si bien ha afirmado que la vía del real decreto ley “no es la adecuada” para legislar sobre normativa laboral, ni sobre pensiones, si bien el Gobierno parece descartar definitivamente reformar las pensiones por esta vía.

Para Garamendi, la Constitución reserva la vía del real decreto ley para un caso urgente, necesario y excepcional, y estas son condiciones que no se cumplen en este caso. “Creemos que no es urgente ni necesario regular por decreto”, ha dicho.

El empresario ha mostrado su preocupación por que el Gobierno recupere la prórroga indefinida de los convenios caducados o ultraactividad siempre que esta sea “infinita”, ha dicho. “Si la economía va mal y los salarios siguen subiendo, las empresas se van a pique”, ha recalcado.

Además, se ha mostrado en contra de instaurar en las empresas un control obligatorio del tiempo de trabajo, que ha vinculado con un modelo obsoleto, y que los sindicatos – y al parecer el Gobierno – desean implantar a fin de luchar contra la prolongación de las jornadas de trabajo, especialmente si no son retribuidas.

Por último, Garamendi se ha mostrado a favor de retocar la normativa sobre subcontratación, especialmente en casos como los de las limpiadora de hoteles, las ‘kellys’, si bien se ha remitido al respecto a los acuerdos alcanzados el pasado verano con los sindicatos, que se plasmaron en el Acuerdo sobre el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC).

Garamendi ha dado a entender que los empresarios aceptarían regular la subcontratación, y de ampliar los derechos de los trabajadores de las subcontratas de acuerdo con el convenio de sector, y no con el de las empresas matrices que subcontraten esos servicios, como desean los sindicatos.

Finalmente, y después de criticar veladamente las subidas de impuestos y cotizaciones aprobadas por el Gobierno de Sánchez, el empresario vasco se ha referido a la ‘mochila austriaca’, un modelo de indemnización por despido que el trabajador arrastra de una empresa a otra, que “puede funcionar” en España, ha dicho, si bien a condición de que su coste sea “neutro” para las empresas, y no los 8.000 millones de euros en que algunas estimaciones cifran su implantación en nuestro país.

A la salida del acto, y después de recalcar que los “vientos de cola” que han impulsado a la economía española durante la salida de la crisis podrían haber cesado, Garamendi ha recalcado al Gobierno su rechazo a un posible real decreto ley que modifique la legislación laboral. “Un decreto ley tiene poco de diálogo”, ha dicho a los periodistas.