Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras recibieron hoy con frialdad y escepticismo las medidas sobre igualdad salarial aprobadas por el Ejecutivo, que aún deben ser convalidados en la Cámara para perdurar en el tiempo. Por un lado, las centrales advierten que el real decreto ley “no ha contado con el acuerdo de la mesa de diálogo social”. Por otro critican los plazos de tres años con que contarán las empresas para publicar sus tablas salariales desagregadas por sexo. Y sobre todo, recuerdan que apenas un 10% de las empresas obligadas a redactar actualmente planes de igualdad lo han hecho, doce años después de la aprobación de la ley que los hizo obligatorios.

La obligación de publicar estudios salariales por sexo y categoría y grupo profesional, ampliada hoy por el Ejecutivo a las empresas de más de 50 trabajadores, frente al umbral anterior de 250 trabajadores, no despertó el entusiasmo de los sindicatos.

Las centrales desconfían de la eficacia real de las medidas aprobadas, que entrarán en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) previsiblemente mañana sábado. Comisiones Obreras (CCOO) afirma incluso que este real decreto ley “podría interpretarse más bien como una propuesta de oportunidad ante la cercanía del 8 de Marzo”, el Día Internacional de la Mujer.

A su vez, los de CCOO confían en que el Gobierno haya cerrado la negociación política en el Congreso a fin de lograr la convalidación que confirmaría su entrada en vigor a su paso por la Cámara, cuyo funcionamiento ha entrado en modo preelectoral tras la convocatoria de elecciones generales el próximo 28 de abril.

CCOO confiesan que no conocen el contenido del real decreto ley y no ocultan su enfado por la premura con que el Gobierno ha aprobado la medida, “que no ha contado con el acuerdo de la mesa de diálogo social ni con una verdadera negociación con los agentes sociales”.

En consecuencia la central que dirige Unai Sordo rehúsa a enjuiciar la norma, si bien critica ya la excesiva duración del período de tres años durante el cual las empresas de entre 51 y 250 trabajadores tendrán para aplicar los planes de igualdad salarial.

UGT: Nada garantiza su cumplimiento

Por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) sí entra en el contenido del plan de igualdad aprobado por el Consejo de Ministros, y aunque saluda su contenido, se muestra muy escéptico en cuanto a su eficacia real, si no se articulan medidas adicionales que obliguen a las empresas a cumplir la ley.

Desde 2007 las empresas de más de 250 trabajadores están obligadas a contar con planes de igualdad que garanticen la no discriminación por razón de género o por otras cuestiones en el seno de las compañías. Sin embargo, doce años después de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, critican, apenas un 10% de las empresas que están obligadas “cumplen con dicha obligación”; es decir, unas 4.500 firmas en toda España.

“De nada servirá ampliar el número de empresas si no se revierte la reforma laboral y se establecen legalmente las garantías de negociar estos planes de igualdad”, detallan.

“De hecho, después de más de una década, solo aparecen 276 planes de igualdad en el registro de convenios colectivos. Después de doce años, seguimos esperando el correspondiente desarrollo reglamentario de los planes de igualdad previstos en la ley de 2007”, aseveran.

UGT critica que el Gobierno de Sánchez no adopte medidas suficientes para hacer efectivo el derecho de igualdad salarial entre hombres y mujeres. “Sin ninguna referencia legal” – objetiva, neutral y no sexista – a criterios y sistemas concretos de valoración de los puestos de trabajo y de clasificación profesional las medidas sobre transparencia e información salarial “se quedan cortas”, concluye, tras reiterar la necesidad de una ley de igualdad salarial.