En relación a la detección de pisos, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018 se ha ordenado cerrar 4.900 pisos ilegales y, de estos, el Ayuntamiento ha comprobado que dos de cada tres (62%) ya han dejado de operar, y Sanz ha asegurado que trabajan para que todos se cierren.

En este sentido, ha explicado que las inspecciones de recomprobación han detectado que cerca del 95% de cumplimientos, y se ha constatado que 937 pisos se han convertido en contratos de alquiler de larga duración y 234 son domicilio del propietario: «Casi 1.200 pisos han vuelto al parque residencial de Barcelona».

Desde finales de 2016 hasta finales de 2018 se han abierto 13.014 expedientes disciplinarios y se han impuesto 6.453 sanciones, cinco veces más que en el período 2014-2016, cuando se iniciaron 2.556 expedientes y se impusieron 1.001 sanciones, por lo que Sanz ha destacado el trabajo hecho por el Gobierno municipal.

La concejal ha destacado que la aplicación de las sanciones previstas por la ley, el aumento del equipo de inspección y detección –que ha pasado de 20 a 100 personas– y el uso de herramientas tecnológicas como la «araña web» han contribuido a disminuir una actividad que había proliferado de forma descontrolada, según ella.

REDES ORGANIZADAS

El consistorio ha inspeccionado 107 edificios sospechosos de ejercer actividad turística ilegal, lo que ha derivado en 95 órdenes de cierre y 72 sanciones, la mayoría de los casos pensiones encubiertas bajo la tipología de alquiler de habitaciones y viviendas unifamiliares o pisos grandes que se alquilaban por partes sin licencia.

Actualmente, los esfuerzos del equipo de inspección se concentran contra los infractores profesionales y las redes organizadas que ejercen de anfitriones con distintos contratos de alquiler a su nombre, y que concentran más de 150 lugares anunciados en distintas páginas web.