Un año más, febrero ha servido de efecto rebote, después de los malos datos cosechados por nuestro mercado de trabajo en el mes de enero, dónde el paro aumentó en más de 83 mil personas y perdimos más de 200 mil afiliados a la seguridad social.

En febrero ha aumentado en más de 3 mil el número de personas inscritas en las oficinas del servicio de empleo público, dejando el número de 3.279.000.

Como datos más relevantes me gustaría destacar el considerable aumento que se ha producido en el número de cotizantes a la Seguridad Social, elevándose en casi 70 mil, dejando el número total 18.888.368 afiliados; mejorando los registros del mismo mes con respecto a 2018 en más de 500 mil los cotizantes a la Seguridad Social.

Por sectores, destacamos especialmente la construcción, la industria (después de unos meses de retroceso) y servicios; por el contrario, agricultura registró un retroceso serio, debido fundamentalmente a la estacionalidad.

Como suele ser habitual en este mes, parece que hay una contradicción entre el número de parados inscritos que empeora, y nos arroja un resultado negativo, y los afiliados a la seguridad social que mejoran. Sin embargo, estos datos no tienen que ir siempre de la mano; el paro registrado depende en gran medida de la fluctuación de la población activa y las personas que deciden inscribirse, por algún motivo, en las oficinas del paro y pueden darse ocasiones donde el empleo creado no sea lo suficientemente potente como para hacer que el número de parados inscritos disminuya.

Como ya vimos, el mes anterior parece que el impacto del salario mínimo sigue haciendo mella en el empleo juvenil registrando el peor dato de los recibidos en el mes de febrero ha sido el aumento del empleo juvenil, que  se incrementó en un 4,2% empeorando en más de 1 punto los datos de 2018. Después de unos años donde la mejora del desempleo juvenil ha sido una constante, desde que se introdujo la nueva cuantía del salario mínimo, vemos cómo los datos han empeorado. Parece ser que esta medida, está empezando a tener impacto en las comunidades autónomas con menores rentas y trabajo más precario, como pueden ser Canarias o Castilla La Mancha, dónde estamos viendo leves retrocesos en la contratación y, especialmente, en la contratación indefinida.

Además, como ya vimos en la última EPA (dónde todo el empleo que se creó fue público) y como suele ser habitual en año electoral, el gasto público y el empleo público por extensión crecen más de lo habitual. Lo estamos viendo especialmente en esta legislatura, donde el consumo en las administraciones públicas se ha desbocado, aplicando una política de gasto público absolutamente contraria al estado actual y, sobre todo, a las perspectivas de crecimiento de nuestra economía.

En un momento donde vemos que la economía española está creciendo con menor intensidad, donde la economía mundial se está enfriando y donde las perspectivas de crecimiento son moderadas, no parece conveniente que la aportación del gasto público al crecimiento del PIB haya crecido tanto en el último semestre fundamentalmente.

Debemos recordar el elevado endeudamiento que España tiene, los gastos comprometidos para el 2019 (aumento de las pensiones, de los sueldos de los funcionarios, etc.) y no parece que esta situación sea sostenible durante mucho tiempo.

Probablemente, no veamos el alcance de todas las medidas que se están tomando estos meses hasta después del verano, ya que, por un lado, el empleo público seguirá creciendo hasta después de las elecciones y, por otro, a partir de junio, con la temporada estival se creará el empleo típico de la estacionalidad ligada al turismo, de forma, que hasta septiembre no seremos capaces de ver las consecuencias de todas estas políticas que se están poniendo en marcha.

Desde luego, las perspectivas son poco halagüeñas. O cambiamos el rumbo y aplicamos políticas económicas más acordes a los tiempos que corren, o el futuro será más oscuro para el empleo de lo que ya sería por el ciclo económico. Y, por si todo lo anterior no fuera suficiente, se sigue especulando con cambios en una reforma laboral que ha modernizado nuestro mercado de trabajo, flexibilizándolo y haciendo que, aunque de dudosa calidad, se haya creado empleo de forma masiva.

Carlos Martínez es presidente de IMF Business School