Miguel de Unamuno, al que la vida debió de resultar larguísima por su tormentosa lucha entre la fe y la razón, sostenía que vivir es desvivir. Nuestras vidas son los rios, decía Manrique. De la brevedad de la vida escribió Séneca. Otros filósofos y poetas dignos de tal nombre se han ocupado del asunto y pueden iluminar a los letrados del Parlamento en la elaboración del informe que les ha solicitado la presidenta Ana Pastor Julián sobre si los decretos que ha aprobado y piensa aprobar el Gobierno por razones de urgencia o necesidad tras la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril deben ser sometidos a convalidación (o no) por la Diputación General del Congreso.

Lo que para unos (el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y sus aliados) es urgente y necesario, para otros (la oposición de C’s y PP) es innecesario y puede esperar. Como éstos mandan en la Mesa del Congreso y los letrados son poco proclives a la filosofía y la desobediencia, vale suponer que la Diputación de marras tendrá poca labor. O ninguna. A voluntad determinada, excusado es consejo (o dictamen), dice el refrán. Eso no quita para que solo se viva una vez y unos (la mayoría trabajadora y laboral) desvivan en la angustia de la estrechez económica y otros, más agraciados, en la parte ancha del embudo.

Para los “casatenientes” y rentistas (la exministra del PP Isabel García Tejerina entre ellos), el decreto regulador de los alquileres de viviendas emitido por el Gobierno para poner freno a la escalada de los precios, los abusos de los fondos de inversión (buitres les llaman) que se apropian incluso de viviendas sociales (caso de Madrid, con Botella madre de alcaldesa y Botella hijo de intermediario de un fondo buitre) y para los beneficiarios de esa especulación desaforada y contagiosa de los pisos y apartamentos turísticos, el decreto gubernamental era innecesario, inconveniente y además no corría prisa. Para las familias sin derechos a prórroga de los contratos de alquiler hasta cinco y ocho años como previene el decreto y que se hallaban indefensas ante las subidas desaforadas (el 8% de promedio el último año), las medidas eran convenientes, necesarias y urgentes. Esto sin contar que se adoptaron después de mucho diálogo con todas las autonomías, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las asociaciones de vecinos y agentes inmobiliarios.

Otro tanto se puede decir del decreto de conciliación y corresponsabilidad que prolonga a ocho semanas el permiso de paternidad en 2018, a 12 semanas el año que viene y a 16 en 2021. Para el centro-derecha, repentinamente feminista, la medida no era urgente ni necesaria, aunque haya sido sido recomendada la Comisión Europea hace cinco años. Para millones de mujeres y hombres trabajadores constituye un buen alivio del bolsillo cuando no hay abuelos con los que dejar a los niños pequeños y enriquece la convivencia y el amor.

Ese mismo decreto desarrolla el nuevo marco jurídico ya fijado en la reforma del Estatuto de los trabajadores para hacer efectivo el principio de “trabajo de igual valor” y combatir la desigualdad salarial de las mujeres. Para las derechas nacionales, esa igualdad está muy bien en teoría, pero en la práctica no porque puede perjudicar a las empresas, es decir, a los empresarios. Para los socialistas ha de aplicarse imperativamente de modo que las empresas con más de cincuenta trabajadoras deben hacerla efectiva en un plazo no superior a tres años, las de 100 a 150 trabajadores en dos años y las de más plantilla, el año que viene.

Otro tanto vale decir de la reposición de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras, en su mayoría mujeres, de personas dependientes, una medida contemplada en el mencionado decreto. La ministra del PP Ana Mato, a quien Dios conserve la vista, eliminó esa cotización a costa del Estado porque costaba, dijo, mil millones al año. No importa si con ello dejaba sin cobertura para la jubilación a unas cien mil mujeres, trabajadoras sin horario en la atención y los cuidados de otras tantas personas consideradas “grandes dependientes”, pues el objetivo era reducir el déficit público (en realidad fue trasladado a la Seguridad Social con esa y otras medidas). Y al parecer, sigue sin importar a esa derecha por la que no pasan los años.

A los miles de parados de larga duración que con más de 52 años no encuentran empleo remunerado (trabajo hay siempre, lo que no hay es salario) les resulta urgente y necesario la reimplantación del subsidio de supervivencia que el Gobierno va a aprobar por decreto. Era una medida prevista en el Presupuesto del Estado para este año que frustraron los nacionalistas catalanes con sus ínfulas independentistas y era, además, una decisión acordada cuando el desempleo o ejército de reserva bajara al 17% de la población activa, de modo que el PP y sus correligionarios naranjas de C’s deberían obrar en consecuencia. El Gobierno ya está tardando en adoptarla, pues en este caso y en otras decisiones sobre los derechos sociales sustraídos por la mayoría absoluta del PP en cuanto llegó al gobierno en 2011, se podría decir lo de Séneca: “No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho”, sobre todo cuando de reequilibrar el trato al capital y al trabajo se trata. La señora Pastor y el tránsfuga asturiano de UPyD al C’s, el señor Prendes que completa la mayoría del PP en la Mesa del Congreso, se habrán ganado a pulso el calificativo de retardatarios o retrógrados si, tras haber bloqueado medio centenar de leyes en la última legislatura, persisten en impedir la convalidación de unos decretos necesarios para que la desigualdad no siga siendo el mayor y casi único progreso del Reino de España en la última década.