El autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan Guaidó, ha publicado este lunes un decreto en el que solicita a la Asamblea Nacional que declare la alarma nacional por el apagón que sufre casi todo el país desde hace el pasado jueves. Pocas horas después la Asamblea Nacional daba su visto bueno a esta declaración de «alarma nacional».

Por su parte,el Gobierno de Venezuela ha anunciado la suspensión de todas las actividades laborales y lectivas para este martes, 11 de marzo, con motivo del apagón que afecta desde el jueves a gran parte de Venezuela, en el que supone el tercer día laborable consecutivo de suspensión.

Mientras tanto, «se declara el estado de alarma, como modalidad del estado de excepción, en todo el territorio nacional, debido a la calamidad pública generada por la interrupción sostenida del suministro eléctrico (…), situación que pone seriamente en peligro la seguridad de la nación y de sus ciudadanos», reza el texto enviado al Parlamento por Guaidó.

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, ha aprobado este lunes por unanimidad la propuesta de decreto de alarma nacional planteada por el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.

La propuesta de emergencia presentada por Guaidó indica que se declara el estado de alarma, como modalidad del estado de excepción, en todo el territorio nacional, «debido a la calamidad pública generada por la interrupción sostenida del suministro eléctrico que ha afectado a la gran mayoría de los venezolanos», informa el diario ‘El Nacional’.

El texto ordena además al Ejército que disponga las movilizaciones que sean necesarias para que brinde la debida protección tanto a las instalaciones como a los funcionaros de la eléctrica Corpoelec.

También se pide a los funcionarios de las fuerzas seguridad abstenerse de impedir u obstaculizar las «legítimas protestas del pueblo venezolano mediante las cuales expresan no solo su rechazo al deplorable estado en que se encuentra el sistema eléctrico del país sino, sobre todo, su inmensa indignación hacia quienes con su ineptitud y corrupción» han propiciado esta situación.

La cámara ha debatido la moción en sesión extraordinaria y con el punto único de la propuesta de Guaidó como consecuencia del apagón que afecta a Venezuela desde el pasado jueves.

Los parlamentarios han abordado las causas y las consecuencias del apagón y han responsabilizado al presidente Nicolás Maduro por la falta de mantenimiento e inversión en el sector eléctrico.

El líder opositor ha pedido a los diputados venezolanos que declaren la alarma nacional por un periodo inicial de 30 días que podrá prorrogarse por otros tantos.

Además, Guaidó ha dictado medidas concretas, que tendrán que ser ratificadas igualmente por la Asamblea Nacional, tales como movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que proteja las instalaciones y al personal de CORPOELEC, que la administración pública ajuste sus horarios de trabajo ante la falta de luz y que el personal sanitario de la salud público recurra al sistema privado para atender a los pacientes.

También pide «que se tomen las medidas necesarias para garantizar el máximo ahorro de combustible a fin de disponer de las cantidades suficientes para permitir el funcionamiento adecuado de los equipos del sistema eléctrico que lo requieran».

En este sentido, «se ordena la inmediata suspensión del suministro de crudo, combustible y sus derivados a la República de Cuba». Esta medida rompe con el tradicional apoyo que el ‘chavismo’ ha dado a la isla caribeña en forma de petróleo.

Guaidó ha ordenado asimismo «a todo el personal del servicio exterior a que realicen los contactos a que haya lugar a fin de coordinar la cooperación técnica internacional que se pueda brindar (a Venezuela) para lograr el mejor asesoramiento en la superación de esta calamitosa situación».

Los apagones comenzaron el jueves en zonas concretas del territorio venezolano pero se han ido generalizando. El Gobierno de Nicolás Maduro atribuye los cortes en el suministro eléctrico a un supuesto sabojate, si bien la oposición denuncia que las instalaciones han quedado obsoletas por falta de inversión y mantenimiento.