La empresarial CEOE ha reclamado hoy al futuro Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril medidas que reactiven la producción de viviendas, entre otras políticas plasmadas en un extenso catálogo donde destacan además el retraso de la edad de jubilación, el mantenimiento de las reglas sobre negociación colectiva fijado en la reforma laboral del PP, o el fomento de las vocaciones artísticas entre los jóvenes como método para acelerar la competividad.

En un documento de 30 páginas la empresarial afirma que la economía española se encuentra inmersa en una senda de desaceleración con un «margen limitado» para la aplicación de determinadas políticas económicas.

Para los empresarios, los principales riesgos en clave nacional son la inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, el abandono del proceso de reformas estructurales y el quebrantamiento de la unidad de mercado; una panoplia de factores cuya influencia puede acelerar la “tendencia a la desaceleración” que ha iniciado la economía española.

Como respuesta a estos riesgos, el Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril debería en primer lugar garantizar la estabilidad política e institucional, afirman los patronos, que claman por que se logre fijar un clima político de “moderación y encuentro” que favorezca la actividad económica en el país.

También reclaman intensificar el proceso de consolidación fiscal, recortando el gasto en aquellas partidas que tiene “menos incidencia” sobre la oferta productiva, como el gasto corriente, y evitando en todo caso la subida de impuestos, afirman.

Los empresarios piden asimismo continuar con el proceso de reformas estructurales en tres asuntos clave, como son la elevada tasa de paro, el envejecimiento de la población y la baja productividad que muestra la economía española.

Mantener la reforma laboral

En esta materia los empresarios piden “mirar hace adelante” y no revertir las reformas que han sido “claves” a la hora de “apuntalar la dinámica económica y la confianza de los agentes”, aseguran.

“Los próximos meses van a ser críticos en nuestro devenir futuro, ya que el único momento en que se suelen acometer reformas estructurales de calada es al principio de la legislatura”, aventuran.

En legislación laboral, los patronos abogan por “facilitar la renovación y actualización” de los convenios, mantener los límites a la prórroga automática de los convenios colectivos – ultraactividad – marcada por la reforma laboral de 2012, así como prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector, además de la regulación de la inaplicación de las condiciones pactadas en convenio, todos ellos “ejes centrales para adecuación de la negociación colectiva a las necesidades del mercado laboral y garantía de su renovación y actualización”, advierten.

Por otro lado, la confederación empresarial pide aumentar la edad de jubilación a medida que avanza la esperanza de vida, así como reformar el marco regulador de los fondos de pensiones con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema púbico de pensiones.

En relación con la educación, los patronos reclaman fomentar las vocaciones estudiantes en las llamadas materias STEAM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y diseño, y matemáticas a fin de adecuar la realidad del sistema educativo a las necesidades del sistema productivo.

Más construcción de viviendas

En materia de vivienda, la empresarial reclama medidas que reactiven la producción de vivienda en España, así como evitar el control de precios o sanciones a las viviendas vacías, e impulsar un mercado del alquiler “eficiente y ágil”.

Por último, los empresarios piden una política industrial más ambiciosa, que garantice el desarrollo competitivo de las empresas industriales y acelere su proceso de internacionalización, precios energéticos “adecuados”, así como establecer un sistema de gobernanza que coordine competencias ahora desperdigadas en diferentes ministerios, como energía, infraestructuras, formación o regulación laboral, ambiental y sanitaria.

Presión fiscal

Por último, los empresarios piden reducir la presión fiscal empresarial y afirman que el porcentaje de beneficios que las empresas españolas dedican al pago de impuestos es del 47%, frente al 40,3% en la OCDE y el 39,% en la Unión Europea (UE).

Por ellos reclaman adecuar el Impuesto de Sociedades a la capacidad económica real de las empresas en períodos superiores al año, eliminando las limitaciones en la compensación de pérdidas o la deducción de gastos financieros; así como reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que son en España, dicen, “considerablamente superiores a la media de la UE”.

También piden eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio, “que no existe prácticamente en nuestro entorno y penaliza el ahorro y la inversión”, argumentan; y reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones desde un nivel “confiscatorio” actual en algunas comunidades autónomas, critican.