El sector público debe medir el impacto de la inversión en avances tecnológicos

13/03/2019

Fernando Díaz Pérez, de IMC Group. El valor de la tecnología es calve en la provisión de servicios públicos.

Analizar la aportación de valor en un proceso productivo siempre ha sido un tema esquivo, porque el propio concepto de valor lo es. Cuando incorporamos elementos con un coeficiente de intangibilidad y velocidad de cambio tan elevado como los que presentan las nuevas tecnologías todo resulta aún menos sencillo.

Comencemos puntualizando que hablamos del valor desde la perspectiva del outcome, no desde el output, o dicho de modo más sencillo, lo que importa son las consecuencias, no los resultados inmediatos. A menudo buscadas aquellas, pero no siempre. Comenzar a comprender ese valor requiere analizar información relevante para el negocio concreto, disponer de enfoques claros de medición y desentrañar la maraña en torno a los activos intangibles para desarrollar un contexto global que permita comparar y medir.

Sobre todo lo anterior llevamos reflexionando con cierto método unas tres décadas, fundamentalmente en el ámbito privado. En un sector público que mantiene un modo de proveer los servicios donde ha importado menos conocer el coste de la propia producción, donde en muchas ocasiones no ha interesado, ni interesa —no nos engañemos— comparar, donde el factor humano se trata de manera tan especial y donde existe el peligroso recurso del endeudamiento colectivo, todo ha importado menos.

Imagen: David (FunkyFocus, en pixabay.com).

La relativa presión ciudadana, el marco europeo de rendición de cuentas, la necesidad de acciones vistosas de cara a futuros comicios o la búsqueda honesta de ahorros, han movilizado y extendido un tanto el interés en su estudio. Pero la realidad es que salvo aquellos ámbitos —Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, Loterías y Apuestas del Estado o la Gestión de las Cuentas de Consignación, por citar algunos ejemplos— que gestionan de un modo u otro flujos monetarios (recaudaciones, prestaciones dinerarias, etc.), y que debemos reconocer se encuentran en primeros niveles internacionales, el resto, salvo quizá el Servicio Público de Salud, presenta resultados enormemente dispares en el conocimiento de la estructura completa de sus  costes. Mucho menos en su aportación de valor.

La disposición de una analítica de costes, completa, unitaria, es fundamental para poder establecer la aportación concreta de sus insumos. Y la tecnología es uno de ellos. Pero no uno cualquiera, sino uno con un efecto multiplicador en el incremento de la eficiencia que merecería ser analizado con mucho más detenimiento.

Para disponer de esa deseada visión completa de la creación de valor basada en el uso de las nuevas tecnologías deberíamos comenzar, en mi opinión, por hacernos tres grandes preguntas: ¿qué entendemos por valor público y que aspectos lo conforman?, ¿cómo determinar el valor de los activos intangibles y del capital intelectual en el sector público?, y finalmente, teniendo algo más claro qué entendemos por valor y  concretamente, por valor intangible, ¿de qué modo y en que grado afecta a las preguntas previas la incorporación de las nuevas tecnologías?

Analizar el coste de oportunidad
Generalmente, y no siempre por completo, los diferentes organismos y Administraciones Públicas saben lo que pagaron en su momento por un desarrollo o por la implantación de un nuevo sistema; conocen el monto de la partida presupuestaria destinada, pero no acostumbran a incorporar sus propios costes directos o indirectos, y mucho menos realizan un análisis del coste oportunidad. Pero si se les pregunta ¿qué obtuviste con la realización de tal o cual proyecto?, la respuesta empeora dramáticamente y en el mejor de los casos (el peor sería la incomprensión por tratar de introducir elementos de medición propios del mercado) estaríamos frente a claros outputs: reducción de plazos, incremento de la recaudación y cosas similares que, siendo buenas desde luego, distan de ser las importantes de verdad.

Pongo un ejemplo al vuelo: si diseñamos un sistema telemático que otorgue agilidad en la concesión de una línea de subvención, no nos interesa tanto saber la reducción del plazo o el número de trámites realizados online, que obviamente importa, sino poder responder a cuestiones como si hemos incorporado a sectores de población nuevos o si la propia agilidad aportada ha ayudado a incrementar el impacto de la inyección de fondos públicos. Y de nuevo, la tecnología resulta fundamental para poder responder a estas cuestiones.

Es preciso intentar introducir de una vez por todas —lo siento por los puristas a los que el simple hecho de incorporar elementos de medición ya les suena pecaminoso— el lenguaje económico ya tradicional en la provisión de servicios públicos, obviamente mejorable, pero que ha permitido de manera indiscutible enormes avances: métricas estandarizadas, taxonomías del capital intelectual, valoración de activos intangibles, analítica de costes y, finalmente, una alineación metodológica entre la provisión de servicios públicos, las capacidades reales de la sociedad y la aportación de la tecnología. Que es aún, a mi juicio, inmensa.


Fernando Díaz Pérez es director del área de Sector Público de IMC Group (@IMCGroup_), firma proveedora de servicios, soluciones y productos de tecnología y consultoría. Presentes en Europa y Latinoamérica, con más de 200 profesionales, IMC Group ayuda a sus clientes a optimizar sus sistemas de información y, por ende, sus organizaciones.

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