Vuelve la guerra de las subcontratas. El conflicto que llevó a la huelga a los instaladores de telefonía contratados por Movistar Telefónica y los principales operadores del país, ha vuelto a abrirse. Los sindicatos culpan a una decena de empresas de incumplir el acuerdo que puso fin al desencuentro hace cuatro años. Las acusan de no reducir adecuadamente el personal subcontratado. Y, tras fracasar el último intento de mediación, amenazan con una batería de denuncias ante la Audiencia Nacional.

Diez empresas de instaladores de telefonía que trabajan para Movistar y el resto de grandes operadores del sector se sentarán en el banquillo. Se trata de un conjunto de compañías encargadas del correcto funcionamiento de la red de instalaciones telefónicas, a las que los sindicatos acusan de abusar de la subcontratación de trabajadores.

En concreto, los sindicatos las culpan por desbaratar los derechos de los trabajadores poniendo en práctica la estrategia de adelgazar sus plantillas. Por ello, y después de huelgas y protestas en 2015, UGT y CCOO pactaron que estas empresas contrataran directamente al 70% de sus trabajadores.

Las centrales sindicales defienden que estas diez empresas incumplen ese acuerdo. Y amenazan con llevar ante la Audiencia Nacional a la decena de compañías – Liteyca, Cotronic, Cobra, Elecnor, Telecomunicación del Levante, ITTE, EFF, Dominion Netword y Comfica –, para intentar obligarlas a respetar lo pactado, afirman en fuentes de CCOO.

La Audiencia interpretará el acuerdo

La primera demanda se dirigirá contra Liteyca, una de las empresas instaladoras, “durante los próximos días”, abriendo así paso a una “batería de denuncias” para intentar que el tribunal fije el criterio que debe seguirse para interpretar el acuerdo firmado en 2015.

“Ha sido imposible tras meses de negociación aclarar cómo se interpreta el acuerdo y qué trabajo puede realizar el personal subcontratado”, afirma un portavoz. “Ahora será la Audiencia Nacional la que fije el criterio a seguir”, concluye.

Las empresas que “incumplen” el acuerdo, según los sindicatos, se comprometieron a contratar directamente al 70% de los instaladores de telefonía que trabajan para ellas. “Han tenido cuatro años para reducir sus elevados niveles de subcontratación”, se lamentan tras acudir el pasado miércoles a un intento de mediación celebrado en el servicio interconfederal de mediación y arbitraje (SIMA).

Los representantes de los trabajadores reclaman a estas empresas los datos de empleo propio y el numero de personas que trabajan en las subcontratas a fin de comprobar cómo evoluciona el empleo en casa una de estas empresas.

También reivindican la necesidad de regular la subrogación en el sector, el correcto encuadramiento de los trabajadores en su clasificación profesional, así como fijar un porcentaje mínimo de recursos propios en las provincias donde opera cada empresa.