La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ana María Martínez Pina, admite en la presentación del informe del Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros 2018, elaborado por la Fundación de Estudios Financieros, que la adaptación a Mifid II no está teniendo un impacto «neutral» y que está afectando a todas las empresas de servicios de inversión.

Aunque todas están haciendo «un esfuerzo importante de adaptación», Martínez Pina reconoce que «los mayores costes y las necesidades tecnológicas de la aplicación de la normativa está impactando sobre todo entre las pequeñas y medianas».

Este proceso está provocando que «la mayoría» de las entidades gestoras reporten estos mayores costes a los fondos que gestionan. Y que  la nueva regulación está transformando la estructura de negociación de la industria de servicios de inversión de forma «significativa».

También afecta a la CNMV, que está realizando «fuertes» inversiones en tecnología para gestionar una cantidad de datos que se ha incrementado «exponencialmente» y en dotarse de nuevas herramientas para reforzar su adecuado tratamiento y análisis de supervisión.

Ana María Martínez Pina explica que la CNMV se encuentra pendiente de la negociación sobre la reforma de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés). El debate en Europa, iniciados a mediados de 2017, es si crear un único supervisor que centralice las actividades más relevantes o mantener la ESMA como una autoridad dirigida por los supervisores nacionales.

La posición de la CNMV es «intermedia»: «Creemos plenamente que es necesario fortalecer a ESMA en un contexto de unión de mercado de capitales, pero pensamos que esencialmente debe seguir siendo coordinada por las autoridades nacionales, promoviendo la convergencia en la supervisión». «Los Estados miembro deben seguir teniendo organismos de supervisión sólidos, con poderes permanentes que aseguren la pluralidad de los mercados», subraya la vicepresidenta de la CNMV.

«Cuesta encontrar los efectos beneficiosos»

En la presentación del Observatorio, Ramiro Martínez-Pardo, presidente de Solventis y director del estudio, señala que «cuesta encontrar los efectos beneficiosos» de tanta regulación, que en algunos casos «ya va por su cuarta versión». También duda sobre que las nuevas normas «aporten una mayor protección efectiva al inversor», ya que se está teniendo hacia la producción «industrializada» de productos de inversión, y no a ofertas personalizadas. Avisa que «muchos operadores pueden no sobrevivir» y que el incremento de los costes «tiene un impacto mayor en los intermediarios pequeños».

El Observatorio, en cuya elaboración han participado, entre otros, Ignacio Santillan, director general de Fogain; María Dolores Pescador, CEO&Co-Founder de Reg Tech Solutions; Sara Gutierrez, socia de finReg360; y Francisco Javier Zapata, de Emisores Españoles, reconoce «efectos claramente positivos sobre la transparencia y la ordenación de los mercados» en la regulación.

Pero también subraya las reformas introducidas «no están siendo neutras en cuanto al perfil de la industria que promueven, principalmente porque están ocasionado variaciones importantes sobre la estructura de ingresos y costes de las entidades y propiciando la necesidad de contar con grandes capacidades tecnológicas para cumplir con las obligaciones regulatorias».

En este sentido, la aplicación del principio de mejor ejecución «está excluyendo a los intermediarios medianos y pequeños, y adicionalmente, propiciando que las órdenes se ejecuten en modalidades no convencionales que no ofrecen una negociación continua ni transparencia de posiciones en tiempo real».

Además, «el tratamiento del análisis como incentivo, con la obligación de facturar separadamente la intermediación del análisis, está ocasionando una reducción importante de la cantidad destinada por las gestoras al análisis para poder salvaguardar su viabilidad económica».

Esto hace, según el Observatorio, que los propios proveedores de análisis están reduciendo sus equipos y también el universo de compañías analizadas, lo que puede favorecer una concentración en este sector. Las principales consecuencias previsibles de este escenario son:

1.-una mayor dificultad de acceso a la financiación bursátil de compañías pequeñas y medianas

y 2.-la reducción de la liquidez en su cotización debido a la falta de cobertura por analistas independientes.

«Estos efectos, resultan difícilmente compatibles con una de las finalidades más relevantes de la Unión de Mercados de Capitales, como es la de procurar una mayor financiación a las pequeñas y medianas empresas a través del mercado de capitales», subraya el informe.

«En general, no se percibe que las diferentes reformas estén implicando una reducción de costes para la industria, sino más bien, lo contrario. Además, la reducción de competencia puede implicar la evolución a una concentración de intermediarios», recalca el Observatorio.

Efectos de la prohibición de los incentivos

La prohibición del cobro y pago de incentivos en los servicios de gestión discrecional de carteras ha obligado a las entidades a «redefinir el patrón de ingresos generados por este servicio y a modificar su forma de actuar, desarrollando modelos con menores costes -como carteras de gestión industrializada- o emitiendo clases de fondos ‘limpias’ que no prevén el pago de incentivos».

«En banca comercial, las entidades, principalmente las pertenecientes a grupos financieros, han debido revisar en profundidad sus esquemas de distribución siguiendo, básicamente, dos caminos:

1.-asesoramiento simplificado que se concreta en la realización de recomendaciones sobre un producto y para una inversión concreta

y 2.-la implantación de plataformas on-line en las que se da acceso también a productos de terceros», destaca el Observatorio.

«Los requerimientos de MiFID II sobre gobernanza de productos y en particular la identificación del mercado objetivo, que tanto los originadores de productos como los distribuidores deben cumplir, junto con las exigencias de que el originador supervise y evalúe el grado de adherencia al mercado destinatario seguido por el distribuidor, tiene un gran impacto en las políticas de creación de nuevos productos y en los modelos de comercialización», subraya el informe.

La ausencia del Reino Unido

El Observatorio incluye un análisis sobre las consecuencias del Brexit en la Unión de Mercados de Capitales UMC), realizado por Francisco Uría, socio responsable del Sector Financiero de KPMG EMEA y socio principal de KPMG Abogados. La consecuencia más importante de la salida del mercado de capitales más relevante de Europa es que se debilitará la UMC, tanto cuantitativa como cualitativamente.

Esto hará que «las empresas europeas tengan un acceso más complejo a un mercado cuyo volumen de operaciones y tipología de inversores es muy superior al que está disponible en el resto de la Unión Europea».

«Esta merma de capacidad operativa para el mercado integrado de capitales, demandará de los restantes Estados miembros una actitud más proactiva respecto de la UMC para robustecer los mercados de capitales como fuente alternativa de financiación para las empresas europeas», subraya Uría.

«Necesitamos más que nunca una Unión de Mercados de Capitales», aunque este experto admite que eso requeriría un compromiso político que resulta especialmente complejo habida cuenta de la situación actual en la que se encuentran las instituciones y los Estados europeos. «Nos lo hemos puesto muy difícil nosotros mismos», concluye el socio de KPMG.