Iberdrola, Endesa y Naturgy han mantenido este martes una nueva reunión para abordar el futuro de la central nuclear de Almaraz y volvieron a poner de manifiesto sus enfrentamiento a la hora de alcanzar un acuerdo para la renovación de la planta, a menos de dos semanas de que expire la fecha límite del 31 de marzo.

La reunión, que arrancó a las 16.00 horas, proseguía entrada la noche, aunque las distancias entre Endesa e Iberdrola y Naturgy para resolver el futuro de Almaraz se han vuelto a poner sobre la mesa rápidamente.

Este es la tercera reunión en la que las tres compañías accionistas de Almaraz -Iberdrola (53%), Endesa (36% y Naturgy (11%)- tratan de llegar a un acuerdo, y la segunda de ellas con el protocolo firmado por las eléctricas con Enresa y que parecía aclarar la senda a seguir para la continuidad del parque nuclear y su cierre ordenado entre 2025 y 2035.

El permiso de conexión de la central caduca en abril de 2020 y el próximo 31 de marzo es la fecha límite marcada en ‘rojo’ para tomar la decisión al respecto, bajo la amenaza para las energéticas de enfrentarse a una sanción.

Según señalaron fuentes cercanas a las empresas, Iberdrola y Naturgy plantearon en esta nueva reunión una propuesta flexibilizada en la que pusieron sobre la mesa que si las inversiones requeridas para la planta son superiores a las previstas en el plan de negocio acordado sería necesario volverse a sentar y pactarlo por unanimidad, tal y como está previsto en las sociedades de interés económico (AIE) por las que se rigen las nucleares.

Endesa ya se negó la semana pasada a firmar cualquier imposición de condiciones no recogidas en el protocolo alcanzado entre las compañías y Enresa, que, en su opinión, obliga a cumplir el acuerdo alcanzado para ampliar la vida útil de las centrales.

A juicio de la compañía dirigida por José Bogas la introducción de cláusulas a la petición de alargar la vida útil, como un tope del 15% a una cifra de inversiones recurrentes de unos 400 millones de euros, supone desvirtuar el protocolo, «ya que en él no hay ninguna condición». Así, sostiene que no haya ningún condición en el caso de que las inversiones necesarias seas superiores a las previstas, ya que ésta es una cuestión que debe ser determinada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La salida de los socios que no les salgan las cuentas

Fuentes de Endesa indicaron que han vuelto a plantear a sus socios negociar una salida de la central si alguno de ellos considera que «no salen las cuentas» y no se dan las condiciones económico-financieras que permitan su continuidad.

Esto supondría que los socios que quieran salir del accionariado podrían hacerlo, aunque sería necesario en primer lugar que cubrieran cada uno su parte correspondiente del importe por el predesmantelamiento.

Fuentes empresariales subrayaron que el resto de socios consideran inadmisible la venta de su parte por cero euros y, además, tener que asumir este coste del predesmantelamiento.

Este nuevo choque en Almaraz tiene lugar un día antes de que Iberdrola y Endesa vuelvan a verse previsiblemente mañana las caras, en este caso para abordar el futuro de la central de Vandellós II, donde se reparten el accionariado entre las dos, con el 72% para la compañía dirigida por José Bogas y el 28% para el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán. En este caso, la situación no es tan urgente como el de la planta de Extremadura, ya que la nuclear de Tarragona sería la última en cerrar según el protocolo, antes justo de Trillo, allá por 2035.

Según la ‘hoja de ruta’ acordada por las eléctricas y Enresa, el reactor Almaraz I se parará no antes de 2027, mientras que el segundo de sus reactores lo haría un año después (2028).

En concreto, supone que los dueños de la central cacereña pedirán 7,4 años, a contar desde la fecha de abril de 2020 en que expira la licencia, para el primer reactor y 8,3 años para el segundo.

El Gobierno remitió el pasado 22 de febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el ‘mix’ eléctrico español algo más de 3 gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

El protocolo incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales siete reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo). De tal manera que, tras Almaraz, le tocaría el turno a Ascó I (2029) y Cofrentes (2030). En 2033 sería clausurado Ascó II y, en 2035, Vandellós y Trillo. A este ritmo, la vida útil de las centrales se situará en una media de unos 45-46 años.