Los lunes eran al sol, sobre todo en época de crisis para más de seis millones de parados, mientras el Gobierno que presidía Mariano Rajoy acudía todos los viernes al Palacio de la Moncloa para introducir todos los recortes que les pedía UE y FMI. Entonces eran temidos porque casi nos recortaron hasta el aire que respirar.
Y es que se recortó de todo: empezó por la reforma laboral, subió el IVA, eliminó la deducción por vivienda, recortó las prestaciones a los parados, elevó de 61 a 63 años la edad de prejubilación, redujo los días libres a los funcionarios a quienes además les congeló el sueldó y les quitó la paga de Navidad, elevó tan solo un 0,25% las pensiones, subió los impuestos al tabaco y al alcohol, eliminó gran parte de las bonificaciones a la contratación o recortó los presupuestos para sanidad y educación. En total, 65.000 millones de euros que no nos llegaron. Y todos fueron decretos, aunque muchas medidas fueron recogidas en uno solo. En total, 27 decretos ley en su primera legislatura y 18 en la segunda. Vamos 45 decretos ley, pero en 5 años.
Y con Pedro Sánchez llegaron los viernes sociales, un intento para recuperar el terreno perdido, batiendo récord de decretos leyes. La verdad es que 10 meses de Gobierno han dado para mucho: 34 reales decretos ley. Y todo porque desde el minuto cero desde que fue investido le resultó prácticamente imposible gobernar con el apoyo de nadie. Vamos que los partidos que le apoyaron para quitar a Rajoy luego le dejaron solo. Y la única forma que encontró fue gobernar a base de decretos ley, porque es el que faculta al Gobierno a legislar directamente sobre cuestiones de urgente necesidad sin tener que recabar antes el aval del Congreso. La medida entra en vigor según se publica en el Boletín Oficial del Estado, pero para mantener su vigencia es necesario que el Congreso lo convalide antes de un mes.
Eligió el camino de lo social, como parte de la identidad del partido del que es secretario general. Su coste, según consta en las memorias económicas de dichos decretos, rondarán los 2.800 millones. Muy lejos de esos 65.000 millones que nos recortaron y, aún así, el Banco de España ya ha advertido que podrían suponer una décima más de déficit público.
De esta forma, se han subido los permisos de paternidad de 5 a 8 semanas (373 millones) -cuando llegue a las 16 semanas en 2021 el coste será de 1.741 millones-; se ha retocado el subsidio de desempleo a los parados mayores de 52 años (1.263 millones); las cuidadoras no profesionales de dependientes tendrán reconocida una cotización (315 millones); apoyo al emprendimiento (3 millones); o las más de 31.000 plazas para funcionarios…
Pese a estas urgencias, lo cierto es que el real decreto ley debe ser convalidado por el Congreso, y puede que todos estos últimos viernes -éste fue el último- puede que se queden en una pantomina, dado que la Diputación Permanente del Congreso, que debería convalidarlos -ya que las cámaras se han disuelto por la convocatoria de elecciones-, no parece tener intención de dar este último paso para que las medidas adoptadas se lleven a efecto. La presidenta del Parlamento, Ana Pastor, ni tan siquiera ha convocado a la Mesa ni a los diputados que integran dicha Diputación. Hay 30 días para convalidarlos, y tal vez Pastor espere hasta el último momento dado su enfado por utilizar el decreto ley cuando ya no están funcionando las Cortes por entender que se trata más bien de campaña electoral.
Ya veremos si todo este esfuerzo se queda en nada antes de ir a votar el 28 de abril.
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