La Memoria de la Supervisión Bancaria muestra cómo durante 2018, el Banco de España reforzó su control sobre el crédito de consumo. Esta intensificación de la supervisión se debió al «crecimiento experimentado por esta modalidad de crédito en los últimos años». Y a que «la ausencia del requisito de aportación de garantías adicionales y la habitual agilidad en la contratación convierten a este tipo de productos en una opción muy atractiva para la clientela bancaria».

El Banco de España viene trabajando desde hace tiempo para minimizar los riesgos que puede generar una comercialización incorrecta de este tipo de productos por parte de las entidades, verificando el cumplimiento de la normativa.

Estas comprobaciones inciden especialmente en la vigilancia de las fases previas a la contratación del crédito, la publicidad y  la información precontractual que se ofrece al potencial cliente, así como en la actuación de los intermediarios del crédito.

En crédito de consumo, el Banco de España realizó 4 actuaciones in situ y 36 comprobaciones a distancia, con objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de transparencia y de protección aplicables.

En total, teniendo en cuenta las actuaciones supervisoras en materia de crédito hipotecario, al consumo, de publicidad y otras áreas como cajeros, información financiera a pymes, servicios de atención al cliente o canales telemáticos, el Banco de España llevó a cabo 134 acciones, de las que 93 no fueron planificadas. De ellas, 38 de ellas se ejecutaron in situ y las 96 restantes, a distancia.

Sanciones por hipotecas

Al mismo tiempo, el Banco de España abrió seis expedientes sancionadores en materia de conducta de las entidades, de los que todos fueron derivados de inspecciones in situ relacionadas con el crédito hipotecario.

El supervisor remitió a las entidades 14 escritos de requerimientos con 101 medidas específicas, y 72 de recomendaciones y observaciones. Más 45 escritos de otro tipo.

La mayor parte de los expedientes, tramitados o resueltos, en 2018 versaron sobre incumplimientos en materia de transparencia constatados tras la inspección de las carteras hipotecarias, área «prioritaria» en el ejercicio de la potestad sancionadora del Banco de España.

Los principales incumplimientos detectados estuvieron relacionados con la entrega y el contenido de la información precontractual; el cálculo de la Tasa Anual Equivalente (TAE) , que debe tener en cuenta todos los gastos de formalización y los costes vinculados; el cobro de comisiones por amortización anticipada por encima de los límites legales o los redondeos en supuestos no permitidos por la norma.

También se probaron malas prácticas en el ámbito de protección de los deudores sin recursos y en la aplicación del Código de Buenas Prácticas. Por este tipo de incumplimientos, se sancionaron 9 bancos en 2018.

Problemas de gobernanza

Se condenaron también otros procedimientos del ámbito de la supervisión prudencial o de la normativa sectorial de entidades supervisadas. El Banco de España detectó problemas relacionados con el gobierno corporativo, la política de remuneraciones o el control interno, así como con el cumplimiento de la normativa reguladora relevante en cuanto al funcionamiento de las entidades de pago, como sus recursos propios o la salvaguarda de los fondos de clientes, de los establecimientos de cambio de moneda o de las sociedades de garantía recíproca.

Se incoaron 4 expedientes y se resolvieron otros 2, ambos con imposición de sanciones a los expedientados que incluían a los cargos de administración, en relación a firmas que realizaban actividades reservadas a entidades de crédito y de pago sin autorización, las conocidas como ‘chiringuitos financieros’. En uno de estos expedientes se inhabilitó de los cargos a su máximo responsable y se acordó la medida provisional de suspensión de la actividad.

El Banco de España suspendió 2 expedientes por estar tramitándose procedimientos penales por hechos similares. Se trata de un expediente abierto a una entidad de pago y a sus administradores y otro a una sociedad y sus administradores, por utilización de denominaciones reservadas a entidades de crédito.

REFORZAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CRÉDITO AL CONSUMO