El Consejo General de Economistas de España ha remitido a todos los partidos políticos el documento Por un desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible, con reflexiones y propuestas ante las elecciones generales del 28 de abril, para que puedan ser incluidas en los programas electorales o tomadas en consideración por quienes finalmente acaben gobernando.

En materia fiscal, los economistas consideran necesario reorganizar la tributación de la riqueza (Impuesto sobre Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, y otros gravámenes relacionados, como el IBI o la imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF); revisar de manera global los tributos ligados a la financiación autonómica; reflexionar sobre la tributación medioambiental, y mejorar los incentivos fiscales en I+D+i.

En cuanto al IRPF, debería simplificarse. En el Impuesto sobre Sociedades, piden volver a acercar los pagos fraccionados a la tributación anual final para que las empresas no adelanten impuesto sistemáticamente. También creen que se debe solucionar el problema de las valoraciones, sobre todo de bienes inmuebles y, principalmente, en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y en el de Transmisiones Patrimoniales, que están en la raíz de un porcentaje importantísimo de la litigiosidad tributaria.

Desde el Consejo General de Economistas ven necesario reforzar las inversiones en I+D+i y en infraestructuras, y, en cuanto a la financiación de estas últimas, reclaman un acuerdo institucional entre los partidos políticos. En cuanto a sectores estratégicos para el desarrollo económico , los economistas creen necesario introducir cambios en el modelo de turismo, especialmente en aquellos factores nuevos ligados a la digitalización y al boom del turismo ‘low cost’, en las que el Estado debería marcar las reglas del juego, especialmente en cuanto a los alquileres turísticos.

Los economistas ven necesario introducir mejoras en los procedimientos concursales y preconcursales, reduciendo formalidades, limitando los privilegios del crédito público (Hacienda y Seguridad Social) y garantizando la fluidez de éstos, para evitar que muchas empresas insolventes pero viables acaben en liquidación. Y estiman que debería incluirse en esta materia un capítulo específico para micropymes y pequeñas empresas. También consideran necesario facilitar la segunda oportunidad, especialmente para impulsar el emprendimiento.

Piden promocionar y potenciar la mediación y el arbitraje para la resolución extrajudicial de conflictos, así como las periciales económicas. Y consideran imprescindible que el desarrollo digital de la Justicia se realice de forma coordinada y con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas.

En relación al ámbito de la auditoría y la contabilidad, la principal propuesta es que se promulgue una Ley de Auditoría del Sector Público, y que se regule la actividad profesional del contable en España, al igual que en muchos de los países de nuestro entorno. En cuanto al desarrollo reglamentario de la Ley de Auditoría, deberían resolverse aquellos aspectos que dificultan la igual concurrencia de todos los profesionales en el mercado.