Con la sana intención de que sus señorías egresadas de las urnas el día 28 del corriente sepan comportarse, el Congreso ha publicado el nuevo Código de Conducta de los diputados, aprobado el 28 de febrero. Contiene unas normas muy elementales, acentúa la transparencia y ofrece cauces para evitar el conflicto de intereses, el tráfico de influencias y los asesoramientos pagados como aquellos que ejercían los ilustres Federico Trillo, Vicente Martínez Pujalte y una señorita de Valladolid, entre otros.

Con correajes y pistolas reglamentarias o sin ellas, cara al sol o a la sombra, patriotas nacionales y patriotas nacionalistas (de boquilla), todos, sin excepción deben actuar “con pleno acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, han de conducirse “con integridad, honradez, responsabilidad y de forma desinteresada para la consecución del interés general”, y tienen que comportarse “con respeto hacia los demás miembros de la Cámara y a la ciudadanía en general, y con plena transparencia en su actividad pública”.

Vale señalar que estos principios obligados y elementales en una sociedad civilizada se dan de patadas con la ultraderecha preconstitucional y los separatistas catalanes postconstitucionales. Unos y otros desprecian la Constitución que les permite concurrir a las urnas para combatirla desde dentro. Los de la cáscara franquista, que fue “fascismo con corrupción” según el sociólogo Amando de Miguel, siembran el odio hacia los inmigrantes entre una clase trabajadora y laboral cuyos abuelos sobrevivieron trabajando como chinos en el extranjero. Dos millones de andaluces, por ejemplo. Esparcen desprecio hacia los derechos de las mujeres, no sólo a la igualdad, sino también a la vida.

No están lejanos aquellos tiempos en que las mujeres carecían de honor y el ordenamiento jurídico si no premiaba, dejaba impunes los asesinatos de las esposas que “deshonraban” a los maridos. A eso quieren volver, aunque los neofranquistas de hogaño lo manifiesten entre líneas. Algunos todavía nos acordamos de cuando el Senado (con los 40 miemros designados por el rey Borbón) despenalizó el adulterio. Se pasó entonces a hablar de “crímenes pasionales”. Era el año 1977 y los más putañeros (puteros de muchos años), con queridas y mantenidas se negaban a admitir la existencia de adulterio masculino argumentando, como en el refrán, que a la vaca no le pesan los cuernos.

¿Qué honradez cabe suponer en individuos que como el tercero de la lista de Vox por Madrid, Espinosa de los Monteros, cachorro del expresidente de Iberia y prohombre de la Marca España por designación de Mariano Rajoy, no cumple la condena que le obliga a pagar 60.000 euros de deuda de las obras en su mansión? ¿Qué respeto hacia la “ciudadanía en general” se puede esperar de un tipo que anuncia muros con cargo al Reino de Marruecos y promete perseguir a los los inmigrantes africanos que llegan huyendo del hambre, las guerras y persecuciones, y encima nos quitan el empleo? ¿Qué transparencia se puede reclamar a un pollo amamantado por Mayor Oreja y aquella Esperanza Aguirre, maestra de las malas artes, rodeada de trincones y corruptos, que alcanzó el poder mediante la compra de los votos de los miserables del PSOE Tamayo y Sáez?

La extrema derecha que echaba en falta el inefable Zapatero habitaba en el PP. Rosa Díez sostenía que no era necesaria porque su espacio lo ocupaban los nacionalistas en Euskadi y Cataluña. Pero el enconamiento de Rajoy con estos últimos y la repugnancia que sentía hacia sus correligionarios Aguirre y el propio Aznar, así como el desprecio a los ultraicos de su partido, les convirtieron en cabeza de ratón. Y la camada de irrelevantes y furiosos roedores, bien alimentados desde fuera y desde dentro, ya ha comenzado a propagar la peste. Peste “nazional”, patriótica, contra peste no menos patriótica y separatista. Mal, muy mal rollo nos espera a los españoles. Y peor futuro con unos y otros.

El Código de Conducta de los diputados pretende ser además un antídoto frente a los lobis o grupos de interés e impone unas obligaciones a sus señorías que van desde la prohibición de pagos y regalos a la obligación de declarar patrimonios, bienes, vinculaciones societarias e intereses, pasando por la publicación de la agenda de encuentros y reuniones de los diputados. Quiere decirse que cuando un diputado hace oídos a los lobistas del sector farmaceútico, por ejemplo, ha de consignarlo. Y cuando recibe, aunque sea en el bar del Congreso o en el de al lado, a un representante de un fondo dispuesto a invertir en el Puerto de Bilbao, ha de publicarlo en su agenda. Y cuando la patronal o los sindicatos les inspiran las enmiendas a las leyes, también.

Sobre el papel (Véase el Boletín Oficial del Congreso de 2 de abril) se diría que el Código de Conducta pretende transformar las tendencias de plomo en comportamientos de oro. ¿Alguien lo cree? Con una ultraderecha que todavía defiende el “síndrome de Keops” del dictador en su montaña funeraria, un partido de chaqueteros y tránsfugas que se apropia del sustantivo ciudadanos y unos conservadores del insulto a voz en grito, huelgan códigos y garambainas.