El exdirector del departamento de Inspección IV del Banco de España Pedro González ha desvelado en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia un correo del exinspector José Antonio Casaus en el que defendía ante el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) que dio lugar al grupo BFA-Bankia.

Durante su comparecencia en calidad de testigo en el juicio, Pedro González ha calificado a Casaus de ser «un visionario» por pronosticar la caída de BFA antes de la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, y subraya que éste creía firmemente en el SIP que dio lugar al grupo y que hasta el último trimestre de 2011 no supieron que la entidad no era viable.

Ha leído ante la Sala un email de julio de 2010, que ha sido admitido por el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo a petición de la defensa del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a pesar de que días antes rechazó incorporar otros correos internos de Casaus.

González ha apuntado en primer lugar que Fernández Ordóñez era un gobernador «peculiar», ya que en ocasiones se saltaba la jerarquía del Banco de España y contactaba directamente con alguno de sus empleados.

El 5 de julio de 2010 MAFO citó a Casaus en su despacho, quien informó de ello a González y le remitió por escrito un resumen de la reunión, en el que expresaba la opinión que «todos» tenían en ese momento, según el testigo.

En este correo, Casaus señaló que «con intención de transmitir la imagen global al gobernador y de dar tranquilidad», le indicó que los saneamientos del SIP ascendían a 10.758 millones de euros, una cifra «muy próxima» a los 11.000 millones de pérdida esperada a dos años según los cálculos del departamento de Supervisión del Banco de España en su escenario intermedio.

Según ese correo, Casaus trasladó al gobernador del Banco de España la necesidad de constituir el SIP. «Le indico que resulta necesario para la viabilidad de las siete cajas participantes, y fundamento tal conclusión en el diagnóstico de estas siete cajas y los graves problemas de solvencia liquidez y rentabilidad», según el correo que ha leído González. Éste precisa que él «no lo hubiera dicho mejor».

Respecto a las posteriores declaraciones del exinspector sobre la necesidad de más provisiones para BFA (Casaus sostuvo en el juicio que calculaba que necesitaba saneamientos de 16.000 millones, frente a los 9.800 millones de dotaciones), González cree que «todas las opiniones son válidas» y que Casaus «era un visionario», pero que se trataba de «conjeturas» y no de pruebas.

Resalta que esta «opinión» no está en ningún informe, que hasta el último trimestre de 2011 no supieron que BFA no era viable y que Casaus era defensor del SIP, al igual que el resto de inspectores.

La defensa de Rato ha intervenido entonces para pedir que este email se aporte a la causa por las posibles contradicciones que pudiera demostrar en la comparecencia de Casaus, a lo que la fiscal Carmen Launa se ha opuesto únicamente por el principio de paridad, ya que semanas antes el tribunal rechazó la incorporación de otros correos del mismo exinspector. Sin embargo, la jueza Murillo ha aceptado su incorporación al procedimiento.

El SIP fue decisión de las cajas

González explica que el Banco de España hizo un análisis interno de cómo podían comportarse los riesgos crediticios, la cuenta de resultados, la morosidad, y percibía que las entidades concentradas en el riesgo inmobiliario podían tener «serias dificultades a futuro». El real decreto 9/2009 propiciaba distintas medidas para favorecer la integración de entidades para salir al paso de las dificultades, pero en cualquier caso se trataba de una decisión privada.

El papel del Banco de España fue el de analizar las cajas que conformaron luego Bankia. Aunque a Caja Madrid la tenían «mejor valorada», el resto de entidades estaban en color amarillo o rojo dentro de su esquema de semáforos, por lo que instó a las cajas a buscar una solución, sin forzar la integración.

«Fue una decisión de ellos, un proceso relativamente largo, y nos plantean esta integración de estas siete entidades. Hacemos nuestras estimaciones de cómo podían tener futuro y nos plantean un plan de integración. Lo vamos viendo y nos parecía que respondía a lo que contemplaba el real decreto 9/2009», subraya González.

En este contexto, el SIP tenía «muchísima más fuerza» que un grupo y era «inviable» que alguna entidad saliera del él, ya que este sistema era como «un matrimonio sin posibilidad de divorcio», por lo que las cajas debían conocerse bien, para lo que se pedía que todas hicieran una ‘due diligence’.

Las cajas presentaron su plan de negocio a cinco años, elaborado en colaboración con AFI y el auditor Deloitte, en el que analizaron todas las variables económico-patrimoniales, que recibió el visto bueno de González y del coordinador ejecutivo, Francisco Monzón.

Este plan no se analizó en «extrema profundidad», sino que se comprobó que las cifras que se presentaban fuesen razonables con la información previa que manejaban los inspectores del Banco de España.