Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) gestionará las nuevas estaciones de montaña, que se unen a La Molina y Valle de Núria, también en manos de la empresa pública de transportes. El negocio de la nieve parece no verse afectado por los recortes presupuestarios.

El negocio de los deportes blancos avanza en el Pirineo gracias al impulso del dinero público. Mientras el grupo Aramón es una muestra de la colaboración público-privada en la comunidad aragonesa, el gobierno catalán parece seguir los pasos de su vecino aragonés en cuanto a engrosar su participación en el sector de las estaciones de montaña. La compra, que también incluye el Hotel Port Ainé 2000 y El albergue, situado en el término municipal de Rialp (Lérida), engrosa la experiencia de FGC en el sector de la nieve y el ocio que se remonta a 27 años atrás.

El ICF era titular de las dos estaciones después de adjudicárselas a través de una subasta pública, la primera en 2005. Juntoal complejo invernal, se adjudicó un lote de empresas dedicadas a deportes de aventura, finalizando así un proceso hipotecario abierto cuando el ICO catalán presentó ante el juzgado una demanda de ejección de las garantías hipotecarias de un préstamo de 13 millones de euros que había concedido a la empresa Pallars Industrial SA, anterior propietaria de la estación. La deuda acumulada era de 17 millones de euros.

El contrato entre el ICF y la empresa que gestionaba las dos estaciones, Gran Pallars, establecía el pago por parte de la concesionaria de un canon anual de explotación de 550.000 al año y a cambio el ICF se hacía cargo de los gastos de electricidad y teléfono de los dos complejos hasta un máximo de 505.000 euros al año.

Aparte de gastos y déficits de explotación, el ICF ha invertido 16,8 millones de euros entre el 2006 y el 2009 en mejoras. Entre estas actuaciones, destacan 2,6 millones en obras de innivación en Espot Esquí y 2,2 en Port-Ainé, así como 3,3 millones en actuaciones en pistas de los dos complejos, según datos de la entidad financiera del Gobierno. Asimismo, el ICF se compromemetió a invertir 12,6 millones más en los dos complejos. Además, ha gastado 3 millones de euros en las últimas temporadas para mantener abiertas las estaciones.

La Generalitat justifica estas inversiones en el negocio de la nieve frente a los recortes que aplica en otros sectores, porque actúan como motor económico en la comarca del Pallars y dado que el cierre de las instalaciones supondría importantes perjuicios a la economía pirenaica.