Los diputados tienen la obligación de presentar una declaración de bienes y rentas al terminar su mandato. Se trata de que el soberano pueda saber cómo les ha ido en el cargo, si el ejercicio del poder legislativo y del control del ejecutivo les ha permitido aumentar su patrimonio. Con una retribución dineraria que en el peor de los casos multiplica por cuatro el salario mínimo de 900 euros al mes y en mejor, por once (caso de la presidencia de la Cámara y los miembros de la Mesa) se puede desvivir holgadamente. Si se añaden las ventajas en especie como el transporte y las comunicaciones gratis y el hecho de que las dietas no pagan IRPF, se puede afirmar que el escaño es un tesoro en los tiempos que corren y que el nivel de vida de dos tercios de nuestros representantes, mayormente del centro-izquierda ha mejorado.

Sin embargo, al ir a ver si han ahorrado, invertido en acciones de empresas, aumentado su patrimonio de bienes raíces o comprado un coche (incluso eléctrico), una motocicleta o alguna obra de arte nos llevamos la sorpresa de que sólo 136 de los 350 que han formado parte de la duodécima legislatura de la democracia han presentado declaraciones de bienes y rentas al finalizar el mandato. Y al hojear esos formularios salta a la vista la mínima variación respecto a las declaraciones iniciales de 2016. La mayoría solo ha atesorado experiencias personales. Hay, no obstante, casos como el de Carolina Bescansa, rebotada de Podemos, que se ha comprado un pequeño piso de 65 metros cuadrados en Madrid. O el de la tránsfuga del PSOE a Ciudadanos, Soraya Rodríguez Ramos, que ha añadido a su patrimonio (un piso de 90 metros en Valladolid) una vivienda de 150 metros cuadrados en la capital castellana a cuenta de un crédito hipotecario de 224.000 euros.

Es comprensible que el peso de la hipoteca de la que fuera portavoz parlamentaria de Zapatero derribara su coherencia política socialdemócrata. La hipoteca pesa más que la ideología. Y después de todo no deja de ser un alivio para los políticos profesionales la existencia de un partido como C’s que admite tránsfugas de todo signo y color descolorido. El último “fichaje”, para sorpresa de los dirigentes del PP, ha sido el de Ángel Garrido. De presidente accidental de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes ha pasado a presidente “accidentalista”, como finamente llamaba el pulcro José Martínez Ruiz, Azorín, a los chaqueteros.

Entre las declaraciones obligadas por el final del mandato no figura la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque no es diputado. Tampoco obra la de Alberto Carlos Rivera Díaz o, para entendernos, ese Albert Rivera que lleva un rótulo en la frente que dice: “Arriba los tránsfugas”. Le reconocerán por el rollito de papel (ni siquiera higiénico) que exhibió en el último debate. Y tampoco se encuentra la del presidente del PP, Pablo Casado. Quiere decirse que los dos líderes de la derecha liberal-conservadora no han experimentado variación positiva de cuentas y bienes sobre las declaraciones de 2016. Pero todo se andará.

En cambio, Pablo Iglesias y su compañera Irene Montero, incrementaron los bienes raíces con la compra de una casa con parcela en una localidad de la antesierra madrileña de Guadarrama con cargo a un crédito hipotecario de 540.000 euros de la Caja de Igenieros y declararon la operación en mayo de 2018 en el registro de intereses del Congreso. Iglesias se había comprado un coche nuevo el año anterior y aprovechó la ocasión para declararlo, no fuera a ser que alguien advirtiera el cambio de montura (la moto por el coche) y fuera con el cuento al comisario Villarejo, el de las cloacas patrióticas de Interior.