Ford, que indicó que el Departamento de Justicia le comunicó a principios de mes el inicio de este proceso, aseguró estar colaborando en esta investigación y confirmó que ha abierto una auditoría interna para esclarecer la situación.
«Ford está ofreciendo cooperación total al Gobierno y le mantendremos informado de lo que encontremos en nuestra investigación y revisión técnica», explicaron desde la corporación con sede en Dearborn, en el Estado de Michigan.
La firma automovilística ha mantenido encuentros con la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) y con la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y les ha remitido documentación vinculada con este caso, según informaron fuentes cercanas al proceso.
Además, dichas fuentes explicaron que Ford ha presentado un plan de revisión de las emisiones de los vehículos que ha sido aprobado por parte de los reguladores estadounidenses y afirmaron que el primer modelo que está siendo testado es el Ranger.
El pasado mes de febrero, la compañía comunicó a la EPA y a CARB un problema con las emisiones y contrató al despacho Sidley Austin y a expertos para investigar el consumo de combustible de sus vehículos y los procesos de pruebas que estaba llevando a cabo.
Esta situación se produjo después de que los empleados de la entidad expresaran preocupación en relación con el modelo analítico del proceso de cumplimiento de las emisiones y del consumo de combustible.
Ford explicó previamente que no sabía si tendría que corregir los datos suministrados a los reguladores y a los clientes y reiteró que este problema con las emisiones no está vinculado con la utilización de un software ilegal.
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