El Banco de España cree que la solvencia de las entidades de crédito se puede ver afectada por el proceso de transición ecológica por la materialización de riesgos físicos, provocados por los efectos directos del cambio climático, como sequías o inundaciones, y por los efectos sobre el negocio de las medidas encaminadas a transformar de modo sostenible la economía.

Es la advertencia lanzada por la subgobernadora, Margarita Delgado, durante su discurso de apertura de la jornada ‘El papel de los inversores en el modelo de transición energética’, organizada por Expansión.

Resalta que el Banco de España tiene la obligación de monitorizar estos riesgos, así como articular medidas para fomentar que los bancos los evalúen, valoren y mitiguen. Para ello, está recabando de las entidades información detallada sobre aspectos como la localización física de los activos o las estrategias de eficiencia de las empresas que reciban financiación, junto a la realización de pruebas de resistencia en torno a distintos escenarios de transición ecológica.

También destaca el desarrollo de modelos macroeconómicos que permitan evaluar el efecto de determinados escenarios de transición energética en la economía, y el desarrollo por parte de las entidades de modelos de riesgo que contemplen el cambio climático.

Las medidas para afrontar el proceso de transición ecológica se encuentran en una «fase inicial, un tanto incipiente», en la que tanto el supervisor como los bancos supervisados están elevando el nivel de conocimiento y concienciación sobre este tema. «Si bien ha habido avances significativos, debemos admitir que estamos aún construyendo las metodologías y estructuras de gobernanza necesarias para enfrentarnos a este desafío», admite Margarita Delgado.

La subgobernadora del Banco de España desvela que en el Network for Greening the Financial System (NGFS) se está discutiendo la Evaluación de Riesgo Ambiental (ERA), que se refiere a los métodos y prácticas utilizados para cuantificar el impacto medioambiental en el sector financiero.

Y hace hincapié en la gobernanza, al ser «esencial» que los supervisores entablen un diálogo con las entidades financieras para analizar cómo están tratando los riesgos medioambientales. En este sentido, hay que verificar que las entidades están incorporando el riesgo medioambiental en sus áreas de responsabilidad, estrategias y análisis y seguimiento de riesgos, y que la información que se genera internamente llega hasta sus consejos de administración.

Motor del cambio

Las entidades deben ser capaces de evaluar cómo puede afectar a su modelo de negocio, así como de integrarlo dentro de su marco de apetito al riesgo, mediante el uso de análisis de estrés y escenarios hipotéticos. También ve importante que el análisis de este riesgo se realice contemplando un horizonte de medio y largo plazo, superior al que habitualmente se emplea en la medición de riesgos financieros.

La evaluación cuantitativa del riesgo medioambiental se debe llevar a cabo en los propios modelos de riesgo de las entidades. El análisis de los potenciales cambios en el entorno, con objeto de evaluar la posibilidad del fracaso empresarial, es, a su juicio, una parte esencial de la gestión de riesgos en el sistema financiero, con independencia de que esa modificación tenga un origen tecnológico, de comportamiento del cliente, regulatorio o medioambiental.

Si las entidades identifican y cuantifican adecuadamente en precio y necesidades de capital estos riesgos, mejorarían la sensibilidad al riesgo, contribuyendo a garantizar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, subraya Margarita Delgado. E indirectamente se convertirían en «motor del cambio», al favorecer que llegue financiación a aquellas actividades que contribuyen más a la transformación sostenible de la economía, a la vez que desincentivan las que puedan ser más lesivas, al repercutir en el precio de la financiación los costes medioambientales, que hasta ahora permanecían ocultos.

La subgobernadora del Banco de España subraya que los supervisores deben avanzar en el desarrollo de modelos que contemplen los efectos macroeconómicos ante distintos escenarios de transición ecológica, con objeto de conocer los potenciales impactos del cambio climático en los sectores económicos, industrias o incluso empresas, así como en variables de carácter más agregado, como el crecimiento o la inflación.