En declaraciones a Europa Press, el consejero delegado de Anticipa, Eduardo Mendiluce, ha señalado que es «esencial» activar mecanismos que contribuyan a la mejora y puesta a punto de estas viviendas a través de ayudas a la rehabilitación, y ha instado a que la Administración destine más recursos.

«Un gran número de propietarios de vivienda no puede afrontar reformas, por eso las instituciones deben duplicar esfuerzos. Las empresas del sector también deben jugar un papel», ha dicho Mendiluce, también ceo de Aliseda, que aboga por explorar fórmulas de colaboración público-privada.

El profesor emérito de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Oliver coincide y afirma que la «combinación de iniciativa privada y pública sería la adecuada» para sufragar estas ayudas en el mercado residencial.

Oliver destaca que parte de vivienda vacía no utilizable presenta una gran dispersión municipal, ya que incluye desde viviendas en mal estado u otras, ubicadas en áreas de poca población o despobladas en la que la demandas en nula.

Por este motivo, ante un conjunto «muy heterogéneo», considera que únicamente en los grandes municipios o capitales de provincia es imaginable la rehabilitación o derribo para su posterior uso.

MARCO ESTABLE

Mendiluce también ha reiterado la necesidad de un marco jurídico de alquiler estable para asegurar que el número de viviendas vacías en manos de particulares se pongan en el mercado y ha defendido que éste se tiene que basar en no limitar rentas, defender la propiedad privada cuando se ocupe ilegalmente y diligencia en procesos de impago de renta.

El Ministerio de Fomento calculó que en 2017 había 475.000 viviendas nuevas sin vender, si bien Anticipa hizo un cálculo distinto y cuantificó el stock de vivienda vacía pendiente de uso –nueva y de segunda mano– era de 1,1 millones para ese mismo año, de los que 150.000 correspondían a Cataluña.

De estas 1,1 millones de viviendas vacías pendientes de uso calculadas, unas 800.000 no eran ocupables en 2017.

PRECIOS

Oliver y Mendiluce han sostenido que aumentar el parque de alquiler permitirá bajar el precio de los alquileres: el profesor ha indicado que el precio resulta de la oferta y la demanda en una zona específica.

«Cualquier medida que pudiera retraer la oferta, redundará siempre, a igualdad de demanda, en aumento de alquileres, y lo contrario también sucedería», ha razonado Oliver.

Mendiluce ha asegurado que es «fundamental» que la oferta de alquiler residencial aumente y que beneficiaría sobre todo a los segmentos de población que más sufren para adquirir una vivienda.

Para el consejero delegado de Anticipa, el mercado de alquiler residencial en España «es muy incipiente», por lo que hay que protegerlo y regular los precios discriminando a los operadores profesionales frente a los propietarios individuales no le parece la medida más efectiva.

«La clave está en poner en marcha todos los mecanismos que potencien la oferta», ha recalcado.

DEMANDA

Oliver ha abogado por que exista una demanda solvente para absorber ese parque de viviendas: «Se requiere no sólo que el mercado de trabajo y la disponibilidad crediticia estén suficientemente presentes, sino que la población esté creciendo a tasas razonables».

En su opinión, la existencia de un stock de vivienda vacía apta para ser usada «no se deriva» que haya una demanda adecuada y ha expuesto que en municipios de la costa de España hay un exceso de oferta de vivienda nueva pero la demanda se centra en los grandes municipios, donde hay menos stock para usar.