La pérdida de toda la prestación se produce por sanciones muy graves que son aquellas que se producen cuando hay actuaciones fraudulentas como la de obtener prestaciones indebidas; compatibilizar el cobro de prestaciones o subsidios con trabajo por cuenta ajena o propia; connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualquier prestación de Seguridad Social, entre otras.

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, a lo largo del pasado año pasado -en el que se reconocieron más de 10.250.000 prestaciones- , el Ministerio de Trabajo impuso sanciones a 268.209 perceptores de prestaciones por desempleo de las que 235.164, es decir casi el 90%, fueron por no renovación de la demanda.

La no renovación de la demanda; no comparecer a requerimiento del Servicio Público de Empleo Estatal o Autonómico; la no devolución del justificante de comparecencia a la oferta de empleo y el incumplimiento del compromiso de actividad está considerados como infracción leve y lleva aparejada la pérdida de un mes de la prestación, en caso de ser primera infracción. Por todos estos conceptos, fueron sancionadas 255.598 personas.

Por sanciones graves fueron sancionadas 7.443 personas. Se consideran sanciones graves la negativa a realizar trabajos de colaboración social; el rechazar una oferta de empleo adecuada; la negativa a acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, así como a participar en programas de empleo.

Tanto en el caso de las sanciones leves como graves las pérdidas de la prestación van aumentando en caso de reincidencia por períodos de 3 meses, pudiendo llegar a su extinción.

Fraude del 3 % del total de bajas

El ministerio de Trabajo aclara que, por tanto, con independencia de que el volumen de infracciones detectadas en relación con el total de acciones de control realizadas sea más alto, ello no significa que dicho porcentaje deba aplicarse al conjunto de los perceptores de prestaciones como indicador de fraude en el desempleo.

Los datos muestran, asegura el departamento, que en la hipótesis más desfavorable el porcentaje de infracciones de todo orden no alcanzaría al 3% con respecto del total de perceptores de prestaciones que causan baja al año (y de ellas solo se derivaría la existencia de fraude en las prestaciones en el 0,12%).