Más vale tarde que nunca, pero por fin en la eurozona está cundiendo la sensatez y se están adoptando medidas serias y rigurosas y sobre todo de obligado cumplimiento, tras tres años de dudas, confusión e incertidumbre en los que los especuladores y mercados se han llenado los bolsillos. Este miércoles, la Comisión Europea ha presentado sus propuestas, que afectan nada más y nada menos que los 8.000 bancos que operan en Europa, unas propuestas que cambiarán su comportamiento para evitar que se vuelva a repetir una crisis como la que aún padecemos.

A la UE no le han salido gratis estos tres años. Muy al contrario, en su último presupuesto se ha tenido que destinar un abultado monto de cuatro billones de euros para contar con el colchón suficiente como para evitar que el sistema financiero europeo se precipitara al vacío.

Cuando se aprueben estas propuestas el sistema financiero estará vigilado como nunca antes, exigiendo a cada entidad que provisiones capital adicional para la conservación (2,5% de los activos de riesgo) similar al que ahora existe para afrontar riesgos específicos, y una segunda provisión adicional anticíclica, cuyo porcentaje deberá fijar cada Estado para evitar las crisis sistémicas. En definitiva, el esfuerzo que deberán hacer ya se conoce en España, que llevan más de dos años destinando provisiones desde sus beneficios.

Asimismo, la Comisión cree conveniente adelantar el 8% de core capital (capital mínimo) que exige Basilea III a partir de 2013, algo que ya se incluía en el decreto ley que el Gobierno español aprobó el pasado mes de febrero. Y después de la que se lio con España por culpa de las provisiones genéricas, sin las que cinco entidades “suspendieron” las pruebas de resistencia dadas a conocer el pasado viernes, también admiten estas provisiones en el mismo rango que las “participaciones silenciosas” alemanas, siempre que sirvan para absorber pérdidas, que es precisamente para lo que sirven las genéricas españolas. Para lograr este 8%, las entidades europeas necesitarán 460.000 millones de euros.

Independencia frente a las agencias

Y ya puestos, también ha decidido tomar cartas en asuntos tan problemáticos como las agencias de calificación, que hasta ahora han sembrado el caos y atacado a los países más débiles sin piedad. De esta forma, la Comisión propone que las notas dadas por estas agencias sean tan solo un “factor más a tener en cuenta”, por lo que recomienda que se reduzca “su dependencia de ellas” y se deje de actuar “mecánicamente” según sus calificaciones.

Con esta recomendación se obliga a las entidades de inversión y a las de crédito a tomar sus “propias decisiones”, con independencia del rating que den las agencias de calificación, tanto a la hora de conceder préstamos como a la de comprar activos.

Ante la falta de este referente, la Comisión Europea ha decidido que sea la nueva Autoridad Bancaria Europea la que facilite análisis anuales sobre cómo han actuado las entidades y autoridades supervisoras. De momento, y pese a que ya existen rumores sobre la pronta creación de una agencia europea de calificación, aprobada en junio por el Parlamento Europeo, la Comisión obvia esta cuestión.

Las mismas reglas para todos

En las últimas semanas y, sobre todo, a raíz de que los mercados también atacaran a Italia se había hablado mucho de las deficiencias de la Europa post-euro, una moneda única que no tenía nada más en común, ni un Tesoro común, ni la posibilidad de emitir eurobonos, ni tan siquiera reglas comunes a todos los bancos que operaran en la zona, pese a la libertad de capitales. La propuesta de la Comisión Europea ha incorporado algunas de estas denuncias fijando algunas de las “reglas” que deben seguir todos. Y en caso de incumplimiento de las mismas, las sanciones que deben afrontar entidades y directivos, aunque de momento no hay sanciones penales.

De esta forma, una vez aprobadas las propuestas de la Comisión, se podrán retirar autorizaciones de actividad, ceses y declaraciones públicas. Por lo que respecta a las sanciones monetarias se fija una sanción mínima de cinco millones de euros o el 10% del sueldo a los banqueros infractores. En todo caso, siempre serán superiores al daño causado a terceras personas o al 10% de las ventas de la entidad.