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El dictamen pericial encargado por los despachos B. Cremades & Asociados y Ius + Aequitas Abogados en representación de accionistas y bonistas que perdieron su inversión en el Banco Popular tras su resolución el 7 de junio de 2017 corrobora que las cuentas y folletos de la entidad no reflejaban la realidad «desde, por lo menos, el año 2012».
Por consiguiente, ambos despachos reclamarán, en múltiples demandas civiles, las pérdidas de sus clientes desde entonces, independientemente de si acudieron o no a las ampliaciones de capital o si invirtieron en el mercado secundario.
Hasta el momento, las decisiones de los jueces civiles españoles han sido mayoritariamente favorables a los antiguos accionistas y bonistas del Banco Popular.
«El informe pericial encargado por los citados despachos y el informe de los inspectores del Banco de España contribuirán a confirmar que los inversores de Banco Popular deberían recibir una justa indemnización», señalan en los dos bufetes..
B. Cremades & Asociados representa a cientos de antiguos accionistas y bonistas del Banco Popular. Por su parte, Ius + Aequitas Abogados representa a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y a sus miles de socios perjudicados en el caso Banco Popular.
Ambos despachos están presentes en los múltiples frentes legales abiertos, incluyendo ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la resolución de Banco Popular y la denegación de acceso íntegro a la documentación que la justificaba; y ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 3ª, contra la ejecución por el FROB de la resolución de Banco Popular. Además, Ius + Aequitas Abogados está personado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de falsedad contable y estafa de inversores donde la OCU ejerce la acusación popular.
Primera demanda de la OCU
La OCU ha presentado su primera demanda civil contra el Banco Popular en defensa de 300 afectados para reclamar más de 7,5 millones de euros. Se basa en un informe pericial que evidencia cómo las cuentas de Banco Popular no reflejaban la imagen fiel desde el ejercicio 2011.
A través de esta demanda, los afectados, tanto si adquirieron sus acciones directamente en la ampliación o con posterioridad a través del mercado secundario, piden la anulación y la responsabilidad legal, la devolución de las cantidades invertidas o la indemnización por daños con los intereses legales.
La OCU completa con esta demanda todas las acciones posibles en defensa de los intereses de sus socios afectados por la quiebra del Banco Popular en junio de 2017. En el ámbito penal, OCU presentó en junio de 2017 una querella ante la Audiencia Nacional contra los antiguos administradores del banco, su auditora PwC y su socio responsable de auditoría, que en la actualidad sigue en fase de investigación.
En Europa puso un recurso contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) y contra la denegación de la JUR y el Banco Central Europeo (BCE) de dar acceso completo a la información soporte, como el informe de valoración emitido por Deloitte.
En la vía contencioso-administrativa, elevó un procedimiento contra el Frob, que ha sido suspendido hasta que haya una resolución definitiva a nivel europeo contra la decisión de resolución de la JUR. Además de estas acciones, OCU ha puesto en marcha una solicitud de responsabilidad patrimonial al Banco de España que se encuentra pendiente de resolución.
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