El Registro de Economistas Auditores (REA)­, órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de auditoría, reitera en la VI Jornada de Auditoría del Sector Público la garantía que ofrece la labor de colaboración de los auditores privados independientes con los órganos públicos de control a la hora de conseguir una mayor eficiencia para el adecuado empleo de los recursos públicos.

Los auditores del Consejo General de Economistas entienden que la contratación pública debe ser socialmente responsable, debe contribuir a mejorar la transparencia de esta actividad y establecer criterios sostenibles y medioambientales en línea con la Estrategia 2020 de la UE.

También ha aprovechado la ocasión para presentar la guía Ámbito de actuación de los auditores privados en el sector público local, elaborada por la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA, que recoge el conjunto de entornos en los que los auditores privados pueden colaborar con los órganos de control en el marco del Real Decreto 424/2017.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, subraya que “la contratación del sector público es una actividad relevante para la economía de nuestro país, que representa alrededor de un 13% del PIB”. «La adecuada regulación de la contratación del sector público es un mecanismo eficaz y necesario para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores y transmite seguridad a los ciudadanos sobre los servicios que prestan las Administraciones», añade.

Pich resalta que la contratación pública “desempeña un papel clave para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y que deberá llevarse a cabo garantizando la participación de las pequeñas y medianas empresas”.

Necesidad de una Ley de Auditoría del Sector Público

El presidente del Registro de Economistas Auditores, Carlos Puig de Travy, remarca que «es necesaria una Ley de Auditoría del Sector Público”. La auditoría de las cuentas públicas “resulta esencial, por ser una creciente demanda social, la colaboración público-privada en auditoría, haciéndose cada vez más necesario que el auditor externo tenga un papel destacado tanto en el control como en la fiscalización de las cuentas de las diferentes Administraciones Públicas”.

Recuerda que la Ley de Auditoría de Cuentas subraya la consideración de servicio público de esta actividad, especialmente por los beneficios, en términos de transparencia, que proporciona a la empresa auditada y a terceros. En el sector público «hay un nicho de mercado muy importante para los auditores y desde hace años venimos reclamando una Ley de auditoría del sector público, como la ya existente en el sector privado».

Con esta Ley «podríamos dar un paso de gigante hacia una mayor transparencia del sector público, vía reforzamiento de su fiscalización a través de la auditoría de sus cuentas y, a través de la colaboración público-privada con los diferentes órganos de control de la Administración”.

Emilio Álvarez, presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA, espera que «la implementación del Real Decreto 424/2017 alcance los objetivos deseados y no se quede en un mero cambio legislativo sin consecuencias positivas para el reforzamiento de los interventores locales y la protección de los fondos públicos locales”.

Pablo Arellano, Interventor General de la Administración del Estado, destaca el importante avance que el Real Decreto 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, está suponiendo en la normalización del control en éste, introduciendo un significativo refuerzo de la autonomía, independencia, profesionalización y transparencia de la función de control, a la que será necesario dotar de los recursos oportunos. El Interventor General del Estado alude a la posibilidad que ofrece el Reglamento de control interno para que esos medios puedan ser complementados recurriendo a la colaboración de firmas privadas en el ejercicio de las funciones de auditoría de cuentas de las entidades locales.

El consejero de Cuentas del Departamento de Entidades Locales y presidente emérito del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, habla de la importancia del nuevo Reglamento de Control Interno “para la normalización y homogeneización de los procedimientos y las facultades del control interno en el ámbito local con los ya existentes para la Administración del Estado”.

“Los órganos de control interno y externo se enfrentan a nuevos retos en su labor de fiscalización de la gestión económica y financiera del sector público, lo cual obliga a potenciar su desempeño individual, pero también a incrementar las relaciones mutuas entre ellos, configurando un auténtico sistema de control”, añade.

“El Tribunal de Cuentas se plantea modificar la Instrucción que regula la remisión telemática de información, para generalizarla al funcionamiento y los resultados en materia de control interno del sector público local, incluyendo instrumentos para la comunicación directa al Tribunal de posibles responsabilidades contables advertidas por los órganos de intervención local”, concluye Álvarez de Miranda.