La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, y el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, coinciden en que la nueva Ley de Crédito Inmobiliario reduzca el problema de la litigiosidad y aumente la confianza de los consumidores en la banca.

En una jornada sobre la nueva Ley, organizada por Ceca y KPMG, Ana de la Cueva destaca que ésta quiere garantizar el acceso a la vivienda, ampliar la protección de los clientes y establecer un marco que dé seguridad jurídica a los operadores.

«La crisis financiera ha demostrado que el comportamiento a veces irresponsable de los participantes en el mercado puede socavar el sistema financiero con graves consecuencias. Es esencial recuperar la confianza del sistema y reducir la litigosidad», señala la secretaria de Estado de Economía.

El secretario general del Tesoro explica que el desarrollo de la Ley pondrá el foco en las cuestiones pendientes, ya que ésta se ha ceñido, debido a los tres años de retraso en la transposición, a los aspectos que tenían que ver estrictamente con la Directiva europea.

«Dadas las urgencias y el plazo con que contábamos, ha habido algunas cuestiones que han quedado en el tintero en la tramitación parlamentaria, como las hipotecas verdes, y otros aspectos que, con otros vehículos normativos complementarios, se pueden trabajar en el futuro», señala Carlos San Basilio,

El secretario general del Tesoro cree que el Gobierno ha sido especialmente cuidadoso para no abrir «flancos para la litigiosidad futura» en cuando a la formación de los agentes que comercializan hipotecas. «Si no tienes una forma de acreditar que la formación se ha producido sin generar un posible conflicto de interés porque la ha dado la misma entidad que comercializa el servicio, te puedes encontrar con otro flanco en los tribunales. Tenemos muchos despachos en España buscando cualquier flanco por el que atacar una normativa. Es fundamental que esta legislación cumpla con reducir la litigiosidad de forma significativa», advierte.

Oportunidad

El consejero delegado de Unicaja, Enrique Sánchez de Villar, pide precaución, porque los comercializadores deberán acreditar 50 horas de formación. Pero cree que «es una oportunidad para el sector bancario ponerse al frente de la manifestación y cambiar un poco el impacto negativo reputacional que hemos tenido después de la crisis»,

El consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, subraya que la presión formativa que impone la regulación es «brutal», por lo que defiende dosificar en el calendario ese esfuerzo. Y resalta que «cualquier cosa que ayude y permita mejorar externa e internamente la reputación, es positiva».