El Banco Santander ha dado por concluido el periodo previo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acometerá cuando finalice la integración tecnológica y operativa del Banco Popular, prevista para julio, y ha fijado el 23 de mayo como fecha de inicio del periodo formal, que podrá extenderse hasta un máximo de 30 días según el Estatuto de los Trabajadores.

En la tercera reunión con los sindicatos, el banco ha presentado las causas técnicas y organizativas que hay detrás de su intención de reducir un 11% su plantilla (3.173 empleados afectados) y un 26% sus oficinas en España (1.150). Básicamente, la necesidad de evitar solapamientos, redundancias y duplicidades, y de adaptarse a un nuevo entorno en el que se las operaciones se han canalizado hacia los nuevos servicios digitales.

En la reunión anterior, que se celebró el martes 14 de mayo, el banco comunicó que la reducción afectará principalmente a la red comercial (2.847 trabajadores) y a sus estructuras intermedias de apoyo (588 empleos), pero también a los servicios centrales (278). De las 1.150 oficinas que se van a cerrar, 929 son de la red universal, 200 pasan de ésta a la red de agentes financieras, y 21 son de Popular Banca Privada. De esta entidad filial, solamente se mantendrá abierta la de Madrid, «por criterios comerciales e institucionales».

El sindicato CCOO considera una prioridad en la negociación la reducción del número de personas afectadas, mediante fórmulas de recolocación en otras empresas del grupo. Y recuerda que «la voluntariedad de adscripción a un ERE se garantiza con la adecuada dotación de recursos».