La crisis económica y financiera de 2008 arrasó el mercado laboral español. En sus peores momentos, de principios de 2008 al verano de 2010, se destruyeron 4,2 millones de empleos en la eurozona. Uno de cada dos empleos se destruía en España a pesar de que su mercado laboral representara sólo el 13% del total del empleo de la zona. No sorprende que entonces uno de cada cuatro desempleados de la eurozona viviera en España. Aunque la tasa de paro —después de haber alcanzado un récord histórico de 26,9% de la población activa en el primer trimestre 2013— se ha reducido más de 12 puntos, hoy día sigue registrando un nivel desesperadamente elevado. El 14,7% de la población activa, es decir, uno de cada siete activos, sigue sin trabajo.

Los dos gobiernos (de tinte político diferente) —que tuvieron que gestionar la peor crisis económica de la democracia— intentaron parar la sangría del empleo mediante dos reformas, en 2010 y 2012, que buscaban igualmente mejorar la competitividad de las empresas y flexibilizar las rigideces del mercado laboral. Y ello cuando el empleo, y particularmente los contratos más precarios, seguía siendo la principal variable de ajuste de las empresas. Estas reformas han dado frutos hasta cierto punto. Sin lugar a duda han agilizado la capacidad de las empresas para adaptar sus costos a la evolución de la demanda, no solo ajustando plantillas, sino también permitiendo una mayor flexibilidad salarial y de la relación laboral. Dicho esto, también hay que reconocer que los principales problemas estructurales del mercado laboral español han perdurado hasta hoy.

¿En qué consisten esos problemas? Primero, la dualidad del empleo, es decir la brecha de protección social que persiste entre los asalariados con contratos indefinidos y los otros asalariados con contrato temporal o no asalariados. Más allá de la desigualdad que pueden provocar las diferencias de estatutos entre trabajadores en el seno de una misma empresa, la permanencia de dicha dualidad conlleva un coste económico y social. Segundo, la permanencia de un paro de larga duración, pero también de un nivel elevado de paro de la población activa joven o el difícil acceso al empleo de las personas menos preparadas, resultan en un despilfarro de recursos humanos a corto y largo plazo. Tercero, casi nada se ha hecho en relación con el nivel de cualificación de la mano de obra. Diez años después del inicio de la crisis, la situación del mercado laboral español ha cambiado poco en términos de problemas estructurales.

Frenos al crecimiento
Estos problemas tienen consecuencias múltiples a corto y largo plazo. A corto plazo, el principal costo lo pagan los desempleados que carecen de recursos económicos. Esto afecta el crecimiento del PIB, ya que, a mayor tasa de desempleo, menor es la demanda doméstica (bajo nivel de consumo de los hogares). A medio plazo, a medida que se alarga el tiempo de desempleo, la empleabilidad de los parados de larga duración disminuye. Esto afecta a la cantidad y la calidad de la mano de obra disponible para crear riqueza. En otros términos, el hecho de que exista un número importante de parados de larga duración afecta negativamente a la tasa de crecimiento potencial de la economía española. De la misma manera, el hecho de que los jóvenes permanezcan en paro, o que quienes están mejor preparados se marchen fuera del país, constituye un freno al crecimiento a largo plazo de la economía.

Frente a estos problemas las soluciones propuestas han sido escasas y de poco alcance. El mercado laboral español ha superado la fase de ajuste de plantillas. Sin embargo, el ritmo de creación de empleo de los últimos años, en promedio de 500 mil por año desde 2015, no se podrá mantener en el futuro sin que se implemente alguna reforma. Esto significa que las próximas etapas se deben centrar en la mejora del nivel de cualificación de la población activa. Supone emprender verdaderas políticas activas del mercado laboral con el fin de desarrollar las competencias de los parados de larga duración, pero también de ofrecer una mano de obra cualificada que permita atraer inversiones y actividades de mayor valor añadido que, a su vez, incentiven a los jóvenes para mejorar aún más su nivel de estudios y a quedarse en el país.

Imagen: Sebastian Herrmann (unplash.com).

Sólo iniciando un verdadero cambio hacia un incremento del nivel global de formación se puede llegar a mantener un nivel de empleo duradero que no dependa únicamente del nivel de costes laborales, es decir que no tenga que luchar constantemente en términos de competitividad/coste. Uno de los grandes desafíos del próximo Gobierno será tomar ese giro hacia una economía basada en la calidad de sus recursos humanos, si no quiere tener que luchar continuamente para reducir costes laborales, que al fin y al cabo llevan a un empobrecimiento económico, social y cultural del conjunto de la sociedad.

Jesús Castillo es economista para la eurozona de Natixis, firma de servicios financieros especializada en gestión de activos, financiación, inversión, seguros y pagos.

Más información
⇒ Descagar el informe del servicio de análisis de Natixis titulado Spanish labour market 2019, encuadrado desde las reformas estructurales de 2010 hasta las elecciones generales españolas de 2019
⇒ Seguir en Twitter a @natixis