La falta de armonización normativa en el sector financiero genera unas pérdidas anuales de más de 780.000 millones de dólares a las empresas en todo el mundo, según un estudio de la International Federation of Accountants (IFAC), que agrupa a más de tres millones de profesionales de la contabilidad y auditoría, con la ayuda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), único representante español que pertenece a IFAC y socio de este organismo desde octubre de 1977, ha traducido este estudio, que tiene como objetivo ayudar a reguladores y políticos a conocer mejor los beneficios de una cooperación internacional efectiva en esta materia.

La falta de armonización normativa genera costes materiales crecientes para el sector financiero global, consumiendo entre un 5 y un 10% de sus ingresos anuales. Las causantes de los costes más significativos están en las normas de competencia, mercado y las de protección al consumidor y normativa de producto. Las incoherencias en las interpretaciones y en la aplicación de los marcos regulatorios sobre competencia, mercados y protección de consumidores son las principales causantes de estos costes.

En los últimos 5 años, un 51% de las instituciones financieras ha tenido que desviar recursos de inversión en actividades de gestión de riesgos como resultado de la falta de armonización normativa.

Además, la falta de armonización normativa representa una barrera para el crecimiento internacional de la mayoría de las instituciones financieras. Su coste derivado es de mayor importancia relativa en las instituciones de menor dimensión.

Alcanzar una cooperación eficaz y una armonización normativa tiene que ser una prioridad. Las medidas clave para frenar la falta de armonización normativa incluidas en el estudio son:

1. Mejorar la cooperación internacional.

2. Aumento generalizado de la convergencia de las normas.

3. Mejorar la homogeneización de las definiciones de la normativa.

4. Mejor comunicación y concienciación entre las agencias reguladoras
internacionales con el fin de evitar la duplicidad de requerimientos de
información y procesos.

5. Mayor transparencia en los procesos de preparación de normas,
supervisión y aplicación.

y 6. Mayor claridad general en las normas y en la normativa.