La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado para el jueves  23 de mayo la primera reunión de la nueva Mesa de la Cámara, en la que se tratarán las peticiones de PP, Cs y Vox para que se suspenda en sus funciones parlamentarias a los cuatro diputados que están en prisión preventiva por su participación en el proceso independentista catalán. Sin embargo, no se espera que el órgano de gobierno tome una decisión sobre este extremo hasta la próxima semana, después de las elecciones de este domingo.

Batet ha convocado a la Mesa a las 12.30 horas y lo ha hecho un día después de pedir información al Tribunal Supremo «sobre las consecuencias de la aplicación de la ley procesal» en las condiciones del ejercicio como diputados de Oriol Junqueras, de ERC, y de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts.

La Sala que juzga el ‘procés’ no tiene previsto contestar de inmediato a Batet al estar celebrando el juicio,con lo que las aclaraciones no estarán listas para la primera reunión de la Mesa.

No obstante, Batet ya ha dejado claro que los grupos «podrán expresar su opinión» sobre la situación de los presos. De hecho, la Mesa del Congreso tendrá los escritos que PP, Cs y Vox registraron tras la constitución de la Cámara pidiendo la inmediata suspensión de los presos en sus funciones parlamentarias.

Sobre si, además de la petición que ha cursado al Supremo, es partidaria se solicitar también un informe jurídico a los letrados del Congreso, Batet ha recordado que esa facultad corresponde a la Mesa y no a la Presidencia del Congreso.

Todo apunta a que, ante las solicitudes de PP, Cs y Vox, y las dudas de Unidas Podemos sobre la pertinencia de que sea la Mesa y no el Supremo quien decida sobre la suspensión, se encargue un informe adicional a los letrados del Congreso sobre el alcance del artículo 21.2 del Reglamento de la Cámara.

Este precepto, que es al se acogen el PP y Cs y que citó el Supremo cuando pidió a la Mesa que tomara una decisión, establece que «el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva mientras dure ésta».