Se ha puesto muy de moda hablar de las zonas despobladas. Se utiliza generalmente una expresión, la España vaciada, que no me gusta nada, porque parece indicar que ese despoblamiento de algunos pueblos y comarcas se debe a una voluntad superior, a algo o alguien que en algún momento decidió que los pueblos fueran desalojados a la manera de las deportaciones masivas de Stalin y de la China actual o aún peor, que fueran eliminados en un pogromo a lo nazi.

Todos sabemos que, salvo desplazamientos provocados por la construcción de grandes embalses, el despoblamiento rural se ha producido de manera paulatina, mediante la tracción de unos inmigrantes por otros que les precedieron en busca de mejores oportunidades de progreso personal y espoleados o forzados por la perentoriedad y exigencia de mejorar sus condiciones de vida.

En este renacido debate se tiende a confundir el hecho inapelable del despoblamiento rural con los problemas que se les presentan a aquellos que voluntariamente permanecen en pueblos con una tasa alta de abandono. Si un pueblo se queda sin habitantes y sus casas se desmoronan y los campos quedan baldíos no hay mucho que hacer ni mucho que decir. La naturaleza avanzará sobre ellos, su perfil se perderá y quedará la melancolía de sus antiguos pobladores y, acaso, una pequeña renta forestal o de otro tipo.

El problema real y deseablemente resoluble es el de aquellos lugares en los que queda alguna población que merece no ser dramáticamente perjudicada.

Un viejo amigo solía decir con mucha sorna “nunca entenderé a las mujeres ni para que sirven las diputaciones”. Pues para eso, precisamente. Para garantizar la equiparación de servicios públicos básicos en poblaciones con un número reducido de vecinos.

Alguna vez recuerdo la olímpica estupidez económica, política y social del que se llamó Plan E, patrocinado por el presidente Rodríguez Zapatero. No me explico cómo se pudieron emplear más de 12.100 millones de euros en torpezas al menudeo, en vez, por ejemplo, de haber construido una red de centros de salud comarcales accesibles y bien dotados en lo material y lo profesional; en vez de dotar de agua de calidad a todos los pueblos donde viven personas o en vez de realizar un plan de servicio universal de comunicaciones y redes digitales que llegue a todos los rincones del país, incluidos sus archipiélagos. (Por cierto, insto a Red Eléctrica y a su presidente Jordi Sevilla a que lleve a cabo la red de fibra óptica por toda la extensión de España y que la administre, que lo tiene más fácil que nadie).

Nos quejamos de que hay una España vacía, mientras la mayúscula e incomprensible intervención del territorio, provoca artificialmente la carestía del suelo urbanizable (además de los casos más sonoros de corrupción). Pero ese es otro capítulo, también irritante, de nuestra actualidad del que tendremos que hablar.