Antonio Brufau, presidente de Repsol, ha centrado su discurso ante la junta de accionistas de la compañía en un tema que viene siendo recurrente en sus intervenciones: la transición energética y cómo se está abordando en el mundo, en Europa y, en especial, desde un país como España que no es demasiado relevante ni para bien ni para mal, pero que se ha autoimpuesto objetivos más duros en el recorte de producción de CO2 que los fijados por Bruselas.

Sus conclusiones se han basado más en datos que en opiniones; aportó proyecciones de organismos internacionales para un ámbito tan globalizado como es la energía y tan difícil de delimitar en algunas actividades: las fronteras no controlan las emisiones ni la contaminación de la atmósfera. Destacó, en al acto que se celebró en Madrid, que un tema prioritario para el grupo que preside se inscribe en la apuesta por la energía limpia, si bien, al mismo tiempo, abogó por la no discriminación por tecnologías -un tema que subyace en el Plan Integrado de Clima y Transición Energética, aprobado por el Gobierno español y en manos de las autoridades de Bruselas-.

Puede que sea cierto que como presidente de una empresa de hidrocarburos tenga que defender el futuro de los carburantes que estén producidos por esas energías fósiles, pero también es igual de cierto que la intervención de Brufau contaba con reflexiones o realidades difíciles de rebatir, como la posibilidad de mejorar la eficiencia  de los derivados del petróleo, la importancia estratégica de la investigación en la captación del carbono, del gas y nuevas fuentes de energía. O que el futuro del consumo en el transporte será mixto -ni solo petróleo ni solo electricidad-, esas dos fuentes además se complementarán con la biomasa, gas e hidrógeno.

Añadió que por fuerte que sea el peso del carbón en la contaminación, su supervivencia a largo plazo está asegurada en el mundo porque muchos países -desde India a Asia Pacífico, cada vez menos China- van a seguir priorizando el desarrollo y acabar con la pobreza a las emisiones a la atmósfera.

Y otro mensaje a la Administración española: las políticas energéticas tienen que ser coherentes con objetivos industriales y con carácter de política de Estado. Puso un ejemplo, España comprará aluminio a Turquía -por los problemas de costes de Alcoa en las plantas españolas- y el país euroasiático contaminará -tal vez más- la atmósfera con sus plantas de generación eléctrica.

La junta fue también el escenario para desglosar objetivos y la marcha de la empresa. El consejero delgado, Josu Jon Imaz, habló de la revisión del plan estratégico y de metas para el horizonte de 2020 y 2025: para este último año prevé contar con una cuota en el mercado mayorista de gas en España del 15%; y con 2,5 millones de clientes en el minorista de gas y electricidad, así como con una potencia instalada de 4.500 de megavatios con plantas bajas en emisiones.