El fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena afirma que en el proceso independentista en Cataluña se dio la violencia necesaria que requiere el delito de rebelión, que sno tiene por qué ser «física o militar», y ha responsabilizado a los 12 acusados de provocar esta situación al «manejar a las masas y utilizar a los Mossos d’Esquadra» para sus objetivos.

El último de los cuatro fiscales en intervenir en la sesión del 4 de junio en el juicio por el ‘procés’ pide hasta 25 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Ante las posibles dudas sobre si los hechos juzgados cumplen los requisitos para condenar por este delito, precisa que el artículo 472 del Código Penal, «no exige un alzamiento armado o de tipo militar», y recuerda jurisprudencia del Tribunal Supremo, incluso la sentencia del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. «La violencia física no es requisito indispensable», sino que con la «vis intimidativa y la vis compulsiva» es suficiente.

El fiscal ha señalado que los líderes independentistas fueron los promotores de que millones de personas saliesen a la calle tanto el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 contra la actuación policial, de una forma «intimidatoria». Y menciona una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que el derecho de reunión no está protegido cuando los manifestantes tengan «intenciones violentas».

También señala que Carles Puigdemont puso «un cuerpo armado al lado de la rebelión», haciendo referencia a los Mossos d’Esquadra, pues «planificó» la «pasividad» de este cuerpo el día de referéndum para lograr su celebración. Y ha justificado que el Estado español tuvo que desplazar 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a Cataluña porque «no quedaba defensa de España en aquel territorio».

Por todo ello, Cadena considera que sí hubo violencia en el ‘procés’, pues los acusados «manejan a las masas y utilizan a los mossos para llevar a cabo la lesión del bien jurídico». Con el fin de «imponer sus deseos sobre la ley y sobre el resto de los ciudadanos» son «responsables de toda la violencia, de la que sufren estos y aquellos», ha concluido, en referencia a los votantes que se formaron como «murallas humanas» para impedir a la policía acceder a los centros de votación y los 93 agentes que fueron lesionados durante la actuación el 1 de octubre.

Los acusados consiguieron su objetivo que era «declarar la independencia de una parte del territorio nacional» y «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución», y que estas dos situaciones se contemplan en el delito de rebelión.

Pero asegura que la sedición, delito por el que acusa la Abogacía del Estado, no encaja en estos hechos. Se ha cometido un delito «contra el ordenamiento constitucional y no contra el orden público» y que el ‘procés’ ha sido «un ataque directo a todo el sistema democrático» porque fue un «levantamiento absoluto contra los cimientos básicos del Estado de Derecho».