Rafael Bonmatí, tesorero del Consejo General de la Abogacía Española; Eduardo Serra, presidente de Everis; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General; Juan María Sainz, CEO de Informa D&B; y Enrique Rodríguez Zarza, CEO de Icired.

El Consejo General de la Abogacía Española, la consultora Everis, Informa D&B, y la startup Icired se han unido para poner en marcha el Registro de Impagados Judiciales (RIJ). Para la presidenta de los abogados, Victoria Ortega, «supone una innovación revolucionaria en España y en el mundo, que va a favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva y hacer que se cumplan las sentencias firmes, además de dotar de mayor transparencia al sistema judicial y financiero de España».

Rafael Bonmatí, tesorero del Consejo, habla del «icerberg» de los impagos; afloran a la superficie los morosos en el abono de impuestos y cotizaciones, financiaciones, suministros de grandes compañías y devoluciones de efectos, mientras permanecen sumergidos los existentes entre instituciones, empresas, autónomos y personas físicas, que suponen el 80% del total. Esta situación se agrava porque la ejecución de sentencias en España es «notablemente insatistactoria», cuando hay más de 2,4 millones al año.

Para combatir esa morosidad, el Consejo General de la Abogacía Española crea un sistema basado en la economía colaborativa y en el Big Data. Cuatro instituciones se unen para crear un  registro que recoge información de «deudas líquidas, vencidas y exigibles, y reconocidas mediante una resolución judicial firme aportada por un abogado», con una antigüedad inferior a 5 años. El RIJ «incluye deudas ‘bendecidas’ por un juez en una sentencia», recalca Bonmatí, que señala que «es el primer fichero de solvencia negativa basado en resoluciones judiciales firmes creado por abogados para abogados».

«El moroso queda retratado. Pero no nos engañemos, el moroso contumaz, profesional, seguirá existiendo, aunque lo tendrá más difícil porque habrá más información sobre él», destaca el tesorero del Consejo General.

El proceso es sencillo: el abogado entra en el sistema a través de RedAbogacía; incluye la deuda en la plataforma del RIJ (con un coste de 29 euros), obviamente con la autorización del cliente afectado; ésta es verificada; se envía un requerimiento de pago por parte del abogado en nombre del acreedor; a los 5 días se envía una notificación al deudor de la inclusión en el Registro; se publica el nombre del deudor y el importe de la deuda (pero no la identidad del acreedor) en el RIJ, cuya consulta es gratuita para el abogado colegiado; y esa información es accesible por cualquiera a través de Informa.

Rafael Bonmatí deja muy claro que si el moroso paga la deuda, se produce un borrado automático de los datos, por lo que no puede haber «titulares con saldo cero».

Enrique Rodríguez Zara, socio fundador y CEO de Icired, destaca el uso del Big Data para acelerar el cobro de las deudas.

Para Juan María Sanz, CEO de Informe D&B, el RIJ supone «un avance claro contra la morosidad en España», y resalta la voluntad de la firma de entrar en el nicho de bufetes pequeños y medianos para «hacer visible al sistema financiero y empresarial de una gran parte de la deuda comercial que hasta ahora no estaba recogida en ficheros»

Eduardo Serra, presidente de Everis, pone el foco en que el RIJ pone a España «en la vanguardia mundial, en la primera fila» en herramientas tecnológicas que tratan de hacer realidad la tutela judicial efectiva. Esta «iniciativa pionera que utiliza la tecnología y el talento para ofrecer un servicio de alto valor añadido va a suponer un gran incremento de la seguridad jurídica y, por tanto, de las inversiones, beneficiando a toda la economía española», subraya.