La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha publicado hoy los resultados de su estudio de las políticas activas de empleo desarrolladas en nuestro país. Un capítulo en el que España gasta entre 6.100 y 6.500 millones de euros anuales – en línea con los países de nuestro entorno –. Y cuya eficacia admite un “amplio margen de mejora”, según las conclusiones del informe dado a conocer por el organismo que preside José Luis Escrivá.

El organismo, empeñado en medir la eficacia del gasto en España, e independiente del Gobierno de turno, revela en su informe la falta de coordinación en un capítulo que pone a prueba la estructura administrativa de nuestro país. Y denuncia la ineficacia de programas como el Prepara, que ha recibido 1.432 millones de euros desde su creación en 2012, y que no ha servido en la mayoría de los casos para cumplir su objetivo primigenio: colocar parados de larga duración.

Poco nivel de gasto por parado

España gasta en torno a 6.100 y 6.500 millones de euros anuales en este capítulo. Una cifra imposible de precisar incluso para este organismo, pensado para evaluar la racionalidad del gasto del Estado, debido a la distribución de competencias en nuestro país.

Si el Estado central es quien sufraga el gasto, son las comunidades autónomas las encargadas de ejecutarlo. Y no se entienden nada bien, según lo dicho por la Airef, que pide mejorar la coordinación entre los Gobiernos central y regionales, especialmente en el órgano que canaliza la mayor parte del gasto: la conferencia sectorial.

Una falta de coordinación que se hace visible en cada uno de los aspectos examinados por la Airef, desde la estrategia, hasta el procedimiento, la eficacia y la eficiencia, que deberían estar alineados para cumplir un objetivo fundamental: incrementar la probabilidad de que la gente encuentre un empleo.

Un 40% del gasto va a bonificaciones

En este sentido, y en relación al gasto, la Airef cuestiona que un 40% del total del gasto se consuma en las polémicas bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social. Unos incentivos a la contratación cuya eficacia resulta muy cuestionable, según diferentes voces, y en el cual otros países como Alemania apenas dedica un 20% del gasto; tal y como reflejará un futuro estudio de la Autoridad sobre estos incentivos.

La Airef, un organismo relativamente nuevo que, además de una comparación internacional, ha analizado datos de gestión y realizado entrevistas, ha cruzado en su análisis por primera vez los datos de 3,1 millones de parados con los registros de la Tesorería de la Seguridad Social; lo que ha significado por ejemplo manejar datos de 41 millones de demandas de empleo, correspondientes a 1,2 millones de personas, del período 2012-2017; así como datos de costes de las oficinas públicas de empleo y otras fuentes estadísticas como Eurostat, el Banco Mundial y el INE.

Aun así, la Autoridad Fiscal concluye que no se puede saber exactamente cuánto gasta España en esta partida.

Y propone, tras pedir una mejor coordinación, adoptar prácticas de países con buenos resultados probados en la labor de intermediación de parados, como Alemania. Y, en concreto, su sistema de incentivos, que premia a las oficinas y hasta a los trabajadores que mejor cumplan ese objetivo de insertar parados en el mercado de trabajo.

Subvenciones “cuestionables” en formación

Además, la Airef critica sin ambages la financiación del sistema actual de formación para el empleo. Y los incentivos perversos que genera. La Autoridad habla incluso de incrementos artificiales de las facturas por parte de los centros de formación, derivados de la rigidez del sistema de fiscalización del gasto que caracteriza el sistema español.

En su lugar, el ente que preside Escrivá defiende el modelo de cheque formación, donde los parados reciben un cheque con el importe del curso que desean seguir, y son ellos quienes deciden dónde cursarlo.

“El sistema de subvenciones para la formación es cuestionable”, reitera el organismo en su informe de 1.000 páginas, donde también critica con dureza que las diferentes Administraciones que conforman el sistema adolezcan de una falta de visión orientada a la evaluación de la eficacia de las políticas que promueven.

Aragón a la cabeza en eficacia

El organismo clasifica en tres grupos a los servicios públicos de empleo dependientes de las distintas comunidades autónomas. Y destaca el papel de Aragón entre las que mejor funciona, junto a Asturias y Cataluña. Le siguen en un segundo grupo Galicia, Castilla y León, Madrid, Extremadura, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Y cierran como farolillo rojo Andalucía, Cantabria y Castilla-La Mancha, las peor clasificadas.

En todas ellas Airef aconseja adoptar un modelo de diagnóstico individualizado, que identifique las necesidades de las personas que acuden a las oficinas de empleo, y orientar su acción para mejorar sus posibilidades de hallar trabajo en el menor tiempo posible.

Finalmente, el organismo considera que los cursos que ofrece el sistema de formación para el empleo, incluido en este capítulo de políticas activas, no tienen en cuenta las necesidades del mercado; sus catálogos son rígidos, difíciles de actualizar; y no existe autonomía local para que las oficinas adapten su oferta formativa a la realidad de cada sitio.

Ademas, añade, la información sobre el funcionamiento de estas oficinas de empleo y de los centros de formación está muy atomizada, y contienen enormes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, sobre todo en formación interna y subcontratada, precisa.

Trazabilidad del sistema

Por último, la Airef propone un sistema que permita a los gestores y evaluadores del gasto hacer un seguimiento de cada uno de los euros que entran en el sistema, a fin de comprobar la eficacia del gasto. En este sentido, Australia es un ejemplo a seguir puesto que, a pesar de ser un país federal y de gran tamaño, dispone de un sistema informático que integra el flujo de información de sus oficinas de empleo casi en tiempo real, resaltan.