Los resultados de las elecciones generales del 28 de abril convirtieron a Podemos (Unidas Podemos) en cooperador necesario, aunque no suficiente, para que el PSOE pueda gobernar. Y eso que los de Pablo Iglesias y las “confluencias” perdieron, a pulso, más de un millón de votos y bajaron de 71 a 42 escaños. Vale recordar que la suma de esos 42 y los 123 diputados del PSOE permitirían a Pedro Sánchez ser investido presidente del Gobierno con el apoyo de 165 parlamentarios en la segunda votación en el Congreso. Si se añaden los 6 del PNV estaríamos hablando de 171. Y si deciden sumarse el de Compromís y el del Partido Regionalista de Cantabria, serían 173, todavía insuficientes para la mayoría absoluta.

Lo evidente, en todo caso, es la condición de “cooperador necesario” de Podemos. Su porcentaje de votos (14,31%) y el del PSOE (28,68%) supone un respaldo del 42,99% del voto ciudadano, fuerza más que suficiente para gobernar sin facturas, ataduras ni condicionamientos de los independentistas catalanes, tan demonizados por esas derechas que se hartaron de insultar a Sánchez desde que Mariano Rajoy prefirió perder el gobierno a designar sucesor (o sucesora) y evitar la censura tras la condena judicial por corrupción en la cúpula de su partido.

A nadie puede extrañar (y menos a los arúspices del PP) que la jerga procesal dominante haya producido el concepto de “Gobierno de cooperación” PSOE-Podemos en vez del tradicional “Gobierno de coalición”. La portavoz socialista Adriana Lastra, una mujer sin títulos académicos, pero con buen revés, divulgó la expresión sin poder ni saber definirla. Estamos ante una definición indefinida. Y puesto que las definiciones sirven para delimitar la materia, estamos ante un ente ilimitado, una entelequia que los protagonistas Sánchez e Iglesias han de ir concretando.

De las reuniones celebradas el martes en el Congreso por el jefe del Gobierno en funciones con el secretario general de Podemos y los presidentes del PP y de Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, ha salido lo esperado: el “no” de los liberales y los conservadores a la investidura de Sánchez y la mencionada fórmula cooperativa de Iglesias, quien, a esta hora está buscando personas con materia gris reconocida en distintos ámbitos (laboral, sanitario, educativo y comunicativo) para cubrir esa cuota de un tercio de altos cargos (incluido algún ministro) que, con rigor porcentual, Sánchez le ha ofrecido.

Aunque nada se puede considerar cerrado –la política no es una ciencia exacta–, llama la atención el tacto de Sánchez de evitar el espantajo del “frente popular” (y populista), buscando personas intachables, valiosas, reconocidas y dialogantes para dirigir la res pública, en contraste con la entronización sin complejos del franquismo redivivo por parte del PP y Cs allí donde suman con Vox para gobernar. Se ha visto en Andalucía y se está viendo en Castilla y León, Madrid y Murcia, de momento. O como dice Lastra: “Las derechas se entienden, blanquean a la ultraderecha y le entregan la llave y el picaporte”. Pues eso. Solo cabe esperar que sean honrados y llevaderos y no disparen la factura.