El Gobierno ha remitido a primera hora de la tarde del viernes a las autoridades comunitarias la documentación por la que justifica el Acuerdo aprobado este viernes por el Consejo de Ministros por el que a partir de ahora los ciudadanos rumanos que quieran venir a trabajar en España deberán contar con un permiso de trabajo.

La medida no afecta a la libertad de circulación de los rumanos ni a los ciudadanos de ese país que ya están en España trabajando, cobrando el paro o en búsqueda activa de empleo mediante el Servicio Público estatal.

Decisión temporal

La decisión es además temporal y será evaluada cada año en función de la evolución del mercado laboral español hasta 2014, fecha límite para que los estados miembros de la Unión puedan imponer moratorias al libre trabajo de los rumanos en otros países tall y como recoge el tratado de adhesión de Rumania a la UE.

La decisión del ministerio de Trabajo español y así se lo ha hecho saber a las autoridades rumanas y comunitarias, se ha tomado por una razñon «estrictamente técnica» y nunca políticas es decir  por la situación del mercado laboral en España, con una alta  tasa de paro, y para ajustar los flujos de entrada a las necesidades laborales nacionales. Así mismo, según explicó el portavoz del Gobierno, José Blanco, se pretende evitar que en la situación económica actual esas personas “caigan en la economía sumergida y sean víctimas de abusos y explotación laboral”.

Según el ministerio de Trabajo, los gobiernos de los dos países ya han acordado la creación de un grupo operativo de trabajo para gestionar todos los aspectos relacionados con la aplicación de esta medida. La moratoria, asegura el Gobierno español, no afecta a la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea, un principio que España siempre a defendido.

Tan solo lo que se hace a partir de ahora es que «los ciudadanos rumanos que quieran venir a trabajar a España por cuenta ajena deberán tramitar una autorización previa basada en la existencia de un contrato de trabajo», asegura el ministerio de Trabajo.

Dudas comunitarias

Horas antes de la aprobación de este acuerdo, la Comisión Europea firmó que España no puede “en principio” reintroducir los permisos de trabajo para los ciudadanos rumanos porque contravendría las normas europeas en materia de libre circulación de trabajadores.

«España ha liberalizado su mercado de trabajo (a los ciudadanos rumanos) y aplica el derecho comunitario sobre libertad de circulación del trabajador (…). En ese contexto, España en principio no puede reintroducir nuevos acuerdos transitorios para los trabajadores rumanos», dijo un portavoz comunitario.

Sin embargo el mismo portavoz reconoció que hay salvaguardias que permiten «excepcionalmente» a un Estado miembro solicitar autorización para reintroducir restricciones, esto es, en el caso de que exista una situación que amenace el derecho comunitario o plantee «serios problemas para el mercado laboral». Pero en cualquier caso, debe «someter una petición» al Ejecutivo comunitario, que examinará si la iniciativa se ajusta a derecho.

Salvaguardias

Esta es la salvaguarda a la que se acoge ahora el Gobierno español para restringir la entrada de nuevos trabajadores rumanos al mercado laboral, basándose en que la población de esta nacionalidad ha seguido creciendo a un ritmo cercano al 11 % interanual durante la época de crisis, que el paro entre su comunidad ronda el 38 % y que la situación económica española no admite nuevos trabajadores. No obstante el Gobierno español subraya que la comunidad rumana en España tiene una alta tasa de actividad y una plena integración en la sociedad española.

En  cuanto al examen que tiene que hacer el ejecutivo comunitario, el ministro de Trabajo, Valeriano González, afirmó este viernes que las autoridades europeas tendrán la Orden Ministerial aprobada por el Gobierno para que la analicen aunque recordó que ”el acuerdo es ejecutable y entra en vigor desde el momento en el que se produce”.

“Las autoridades europeas lo analizarán, lo estudiarán y lo ratificarán durante los próximos días –añadió- pero naturalmente los Gobiernos pueden adoptar este tipo de decisiones y el Gobierno español puede hacerlo, siempre sometido a su ratificación posterior por las autoridades europeas”.

Moratorias

Cuando Rumanía y Bulgaria se adhirieron a la Unión Europea, el tratado de adhesión permitía a los Estados miembros establecer un periodo de un máximo de siete años durante el que limitar la entrada de ciudadanos de estos países en sus mercados laborales. España levantó esta moratoria en enero de 2009, reservándose el derecho de volver a implantar las restricciones en caso de que su mercado laboral atravesase dificultades.

Por el contrario, en Alemania, Francia e Italia, donde no se llegó a levantar la moratoria, rumanos y búlgaros siguen necesitando un permiso de trabajo para ser contratados por cuenta ajena.

Críticas sindicales

La decisión del gobierno español ha sido criticada por los sindicatos mayoritarios. CC.OO. opina que exigir permiso a los ciudadanos rumanos favorece el “dumping” social y la economía sumergida. También criticó que no ha sido consultada y dialogada con empresarios y sindicatos.en el marco de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, órgano establecido para ese fin.

UGT también criticó que la decisión no ha sido objeto del diálogo social  y muestra su preocupación “porque esta medida pueda alentar y justificar declaraciones y actuaciones de distintos partidos políticos e incluso de Administraciones Públicas que, en los últimos años, han manifestado su rechazo a la presencia de la población rumana en España”.