Hace diez años apenas se presentaban en España 3.000 peticiones de asilo al año. El año pasado, y tras una década de constantes incrementos, llegaron hasta la subdirección general de Protección Internacional, más de 54.0000. Una avalancha de solicitudes que el organismo dependiente del ministerio de Interior parece incapaz de atender. Y cuya acumulación se ha traducido en más de 100.000 solicitudes de refugio a la espera de tramitación.

“¿Alguien se imagina 100.000 pasaportes pendientes de expedición?”, se pregunta el responsable en Interior de Comisiones Obreras (CCOO) Fernando García, quien denuncia la falta de medios materiales y humanos para atender a los refugiados.

En Madrid, en el distrito de Aluche, los policías nacionales de la Brigada Provincial de Extranjería se afanan por atender a los solicitantes de asilo que acuden a la carpa provisional instalada por Interior para tratar de aligerar el problema. No hay mobiliario. Y los policías, bajo la lona, recurren a cubos de basura, a modo de escritorios, para rellenar la documentación de las personas que acuden en demanda de asilo.

“Bajo una carpa provisional, policías nacionales reciben a los refugiados y rellenan los documentos sobre cubos de basura. Apenas hay más mobiliario, como si el problema fuera a desaparecer mañana”, afirma, quien ilustra con una fotografía su denuncia.

Falta de personal

Tanto CCOO como UGT critican la escasez de personal y la falta de voluntad política para resolver este problema. Según el primer sindicato, entre 1992 y 2018 no se ha aumentado el personal de la Oficina de Asilo y Refugio, creada el año en que se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona. El año pasado, una oferta de empleo público extraordinaria creó 232 puestos allí de los que solo se han cubierto unos 170, con personal interino, afirman desde CCOO.

Desde UGT piden al Gobierno español que “dimensione adecuadamente” el sistema de asilo y lo dote con los medios humanos y materiales necesarios. Además, reclaman a la Unión Europea (UE) que adopte un enfoque basado en los derechos humanos, más allá del puro control fronterizo, para dar respuesta al fenómeno de los refugiados.

Un cambio de enfoque

El sindicato acusa a la UE de “reinterpretar” las normas para dejar fuera del escudo de protección del derecho de asilo a millones de personas. Así, en los últimos 20 años, las cifras de desplazamientos forzados en el mundo se han duplicado. Sin embargo, en la UE, en los últimos años el número de solicitudes se ha rebajado a la mitad.

Un descenso – de 1,3 millones en 2015, a 600.000 en 2018 – que no se debe a que hayan desparecido las causas sin a medidas de contención adoptadas por la UE, y especialmente a los acuerdos con Turquía y Libia que suponen, en opinión del sindicato, la “externalización de las fronteras de la Unión”.

UGT denuncia que este control del tráfico de personas en el Mediterráneo obliga a los refugiados a permanecer en países inseguros. Y pide a la UE que establezca “pasajes seguros” hasta la Unión para los solicitantes de protección internacional, y permita solicitar asilo en las embajadas y consulados.