José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).(Fotografía de Manuel Casamayón/Apie).

«En España la desigualdad ha aumentando sustancialmente en los últimos 15 años, desalineándose del patrón europeo», afirma José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en el curso de la Apie en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

«El crecimiento del nivel de renta ha ido acompañado de creciente desigualdad en su distribución tanto en España como en Europa. España, que estaba en niveles similares a la relación que existe en otro países europeos en los años noventa y hasta antes de la crisis, ha aumentado su nivel de desigualdad por encima del promedio de los países europeos en la últimos 15 años»,señala.

Escrivá cree que «hay margen para políticas más redistributivas en educación y en competencia,que incentivan la movilidad social y reducen la desigualdad». Y que «es necesario evaluar el diseño de políticas para corregir la desigualdad sin generar desincentivos».

En este senitido, propone aumentar la cuantía de la beca de residencia desde 1.500 € a 2.700 €, medida que tendría un coste total de 98 millones.

También aplaude la iniciativa de renta mínima, porque muestra «cómo reducir la pobreza severa con el menor impacto fiscal posible». Escrivá anuncia que el Gobierno va a publicar «muy próximamente» un informe sobre la iniciativa legislativa popular de renta mínima con «mucha información» sobre su coste fiscal.

La equiparación de tipos en el impuesto sobre hidrocarburos de gasóleo y gasolina puede aumentar la recaudación en 1.318 millones de euros. Escrivá señala que España recauda un 1,8%, seis décimas por debajo de la media europea, en fiscalidad medioambiental. Y que el nivel actual de fiscalidad e impuestos medioambientales está por debajo del nivel registrado en 1995 (2,1%).

Mejora del marco fiscal

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal desvela que se está trabajando en una mejora del marco fiscal español que «llevaría a reconsiderar algunos elementos de la Ley de Estabilidad». La AIReF está planteando un nuevo modelo de fijación de objetivos que es «muy distinto» al actual, se inspira en el modelo holandés (que lleva desde los años 50 haciendo una evaluación de las políticas públicas) y que también va en línea de lo que está considerando Bruselas con su pacto fiscal europeo.

La propuesta de la AIReF contempla una orientación a medio plazo del marco presupuestario, la puesta en práctica de reglas simples y de objetivos «controlables y jerarquizados por horizontes», así como acotar la discrecionalidad de los Gobiernos a través del papel de las autoridades fiscales independientes.

Además, la Autoridad Fiscal acelerará sus análisis de gastos: «En 2018 hemos evaluado unos 30.000 millones y este año nos vamos a acercar a los 100.000 millones de euros». Y se están analizando los beneficios fiscales, que se acercan a 60.000 millones de euros, el gasto hospitalario (10.000 millones), el gasto en infraestructuras, con particular foco en las ferroviarias, que supone cerca de dos puntos del PIB, y también las bonificaciones a la contratación, que pueden llegar a 3.000 millones.

Problema real

Sobre las finanzas sostenibles, José Luis Escrivá aporta un dato: la media de catástrofes naturales entre 1980 y 1984 fue de 226, entre 2014 y 2018, 698. «La evidencia sobre el creciente número de eventos naturales catastróficos y las pérdidas asociadas, muestran que el problema es real y ya está teniendo impacto en la economía, por lo que  es indispensable incluir las consideraciones medioambientales en nuestras agendas», remarca.

«Es clave cómo estimar las probabilidades de este tipo de riesgos», porque no existen instrumentos financieros adecuados. Los bonos ‘verdes’ no interiorizan el riesgo. Y los riesgos no son simétricos. «Tiene las características de una opción financiera. Solo importan los negativos», señala Escrivá, que alerta sobre los efectos en el cálculo de primas de seguro.

Además, la oferta es aún limitada: las emisiones sostenibles suponen una fracción pequeña en los mercados financieros. En 2018 el total de emisiones sostenibles en todo el mundo fue inferior a la emisión bruta del Tesoro español: lejos de la inversión adicional necesaria en la UE para cumplir el Acuerdo de País (180.000 millones de euros anuales).

«Es necesario explorar otros canales que fomenten la canalización de fondos hacia inversiones caracterizadas por su alto riesgo y componente innovador. El sector público también puede jugar un papel importante canalizando fondos hacia inversiones sostenibles. Comunidades Autónomas y corporaciones locales pueden destinar sus superávits a inversiones financieramente sostenibles aunque los resultados hasta ahora son limitados», añade el presidente de la AiRef.