La disciplina de voto, antítesis de la democracia, dificulta la gobernabilidad del país

24/06/2019

Teodoro Millán.

Una vez más nos topamos con el mismo callejón sin salida; la imposibilidad de formar gobierno a causa de la ausencia de mayorías absolutas y el enconamiento de los partidos que más que incapaces de llegar a acuerdos o formar coaliciones rechazan incluso la negociación de las mismas, bajo principios que ellos mismos se han impuesto.

Una imposibilidad que se ve reforzada por la férrea disciplina de voto que exigen los partidos a sus parlamentarios y congresistas y que reduce drásticamente las posibilidades de sumar los votos necesarios para formar gobierno o sacar adelante propuestas relevantes legislativas. esta es una practica que hace que la delegación democrática de la voluntad popular no recaiga de hecho en el Congreso sino en los partidos políticos y sus autoritarias y escasamente democráticas burocracias.

Qué duda cabe que los votantes de cada formación política no son homogéneos. No responden todos al mismo patrón y, por tanto, una adecuada representación de esos votantes exigiría graduaciones de color de distinta intensidad. Algo que difícilmente se consigue si se ha de forzar a que todos entren por la misma puerta.

Si hubiese libertad de voto, como en otras democracias más maduras, se podrían negociar acuerdos y coaliciones en que, en distintos temas, la disciplina de voto se rompiese en beneficio de los votantes, en lugar de aplicar el rodillo de los partidos por encima del interés de aquellos.

Pero la disciplina de voto es solo un subproducto de las listas cerradas, que dictadas por esas mismas burocracias de los partidos, se convierten en propietarias putativas de los escaños, ya que niegan a sus parlamentarios la titularidad de facto, al substraerles la vinculación directa con el votante. De hecho, ningún parlamentario sabe a ciencia cierta cuantos votos le respaldan y en la confusión de la lista cerrada solo puede, como mucho, reclamar la legitimidad de votos del conjunto. Y entonces cada congresista ha de pelear dentro de su formación política por un buen puesto en las listas, que deciden los partidos, en lugar de estar más pendiente de los intereses de sus electores. Así es como se convierten, de hecho, en falsos autónomos, con aparente libertad de decisión que solo pueden realmente ejercer para seguir los dictados del partido que les ampara.

Como resultado, la distancia entre congresistas y votantes es tan grande que difícilmente sabe un votante enumerar más de tres o cuatro nombres de la lista a la que vota. Algo bien distinto de lo que ocurre en sistemas abiertos, donde un votante vota por su congresista del distrito o localidad que le corresponda y este se cuida muy mucho de representar sus intereses adecuadamente, para poder repetir en su mandato.

Desgraciadamente, las listas cerradas y la disciplina de voto convierten el sistema en algo cerrado, donde la representatividad democrática se pierde al anteponerse el interés de los partidos al de los ciudadanos. Y como corolario, la burocracia del partido se erige en oráculo de los intereses del votante, a falta de un contacto directo de cada parlamentario con sus electores a pie de calle.

Este es el gran impedimento que queda para alcanzar una fluida democracia. Uno que ningún partido tiene incentivos en eliminar porque es el zorro el que está al cuidado de la manada, lo que le genera un conflicto de intereses. Un vigilante predador y autoritario, cuya justificación histórica ha sido la estabilidad del sistema. Algo aparentemente cierto bajo el viejo bipartidismo, pero que en el nuevo mundo de mayorías minoritarias pone de manifiesto su perniciosa falsedad.

Y cuando las burocracias de los partidos se niegan a dar libertad de voto a los parlamentarios afiliados y se niegan también a ciertos acuerdos de gobierno, han de echar mano de justificaciones extremas que sirvan de coartada y despisten al respetable público del fondo de la cuestión a debate. Porque lo que ocurre de hecho es que se hace primar el interés estratégico del partido por encima del interés del gobernado. Algo inconfesable y que se disfraza de razón moral y de interpretación sesgada del voto recibido. Así es como la ética hace entrada en la política, olvidando que no se está en política para imponer ética al ciudadano sino para resolver sus problemas dentro de un sistema legal, comenzando por dotar de gobernabilidad al país. Ese es el punto en que democracia y laicidad van de la mano.

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