Una renta mínima como la planteada por CCOO y UGT mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la pobreza extrema en un 27,6%, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima un coste fiscal para las arcas públicas de entre 7.200 millones de euros y 9.800 millones.

El estudio ‘Los Programas de Rentas Mínimas en España’, solicitado a la Autoridad Fiscal en marzo de 2018 tras las recomendaciones del Consejo Europeo sobre la necesidad de fortalecer la última red de prestaciones económicas para conseguir mayores avances en la reducción de la pobreza y después de que el Parlamento tomara en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestación de ingresos mínimos a propuesta de CCOO y UGT, analiza esta propuesta asumiendo que su objetivo principal es reducir el porcentaje de la población que vive bajo el umbral de pobreza severa, que se define como el 30% de la mediana de renta disponible. En España, en 2017, este porcentaje suponía 355 euros al mes para un ciudadano o 746 euros al mes para un hogar de dos adultos y dos niños.

En su análisis, la AIReF ha identificado algunas debilidades en el diseño de la renta mínima propuesta por los sindicatos. Admite que permite mejorar la distribución de la renta en un 4% y reducir un 27,6% la tasa de pobreza extrema. Esta tasa, que actualmente se sitúa en un 7%, bajaría al 5%, pero seguiría por encima de la media de la tasa de pobreza severa de los países de la UE (3,5%).

La AIReF considera que la falta de focalización en el objetivo principal, materializada en los requisitos para acceder a la prestación, dificulta obtener una reducción mayor de la pobreza severa. La necesidad de estar inscrito de manera ininterrumpida como demandante de empleo al menos durante los 12 meses anteriores a la solicitud supone identificar pobreza con desempleo de larga duración. Y excluye a potenciales beneficiarios en situación de pobreza extrema, al tiempo que supone un desincentivo a reincorporarse al mercado laboral.

Además, la combinación de límites de renta individuales con otros de renta por hogar para percibir la prestación impide focalizar la prestación en los colectivos más vulnerables.

Para la Autoridad Fiscal, resulta “evidente el solapamiento” con programas actuales de rentas mínimas tanto nacionales como autonómicos. Por otra parte, existe una falta de integración con otras políticas como las sociales desarrolladas por las corporaciones locales.

Critica que la propuesta de los sindicatos no define los sistemas de gestión, seguimiento y evaluación, que resultan fundamentales para establecer un proceso de mejora continua de todas las políticas públicas.

Esta renta mínima tiene un coste fiscal estimado de más de 7.200 millones de euros, con riesgo de que aumente a 9.800 millones por el posible “efecto llamada”. Este coste fiscal debe contextualizarse dentro de la situación actual de déficit estructural de las Administraciones Públicas en España, superior a 2 puntos de PIB y de un nivel de deuda cercano al 100% del PIB. En este contexto, la AIReF considera que la creación de una nueva prestación debería enmarcarse en una estrategia fiscal a medio plazo que asegure la sostenibilidad de las Administraciones Públicas.

Propuestas

La Autoridad Fiscal realiza una serie de propuestas orientadas a solventar los problemas de diseño detectados en la renta mínima planteada por los sindicatos. Para mejorar la eficacia de la prestación, propone establecer como requisito principal para el acceso a la prestación la renta del hogar, estableciendo tramos de renta por hogar para los hogares pobres, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa.

Además, sugiere eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios, hacer la prestación compatible con el empleo y evitar discontinuidades en la cuantía de la prestación, alcanzando un equilibrio entre la equidad y la sencillez en el diseño.

Para mejorar el diseño institucional de la prestación, la AIReF plantea simplificar el sistema de rentas mínimas, evitando el solapamiento entre las prestaciones de diferentes administraciones. También propone asegurar la complementariedad con otras políticas activas de empleo y la prestación de servicios sociales complementarios, establecer una ventanilla única a través de los trabajadores sociales de las corporaciones locales, implementar un sistema integrado de información de servicios sociales y conectado al Sistema de Información de Empleo (SISPE) y establecer como requisito la inscripción en la Agencia Tributaria para agilizar trámites y reducir el riesgo de fraude.

Finalmente, para asegurar la eficiencia y coherencia con la situación fiscal de España, la AIReF propone encuadrar la puesta en marcha de esta iniciativa en un plan presupuestario a medio plazo que permita compensar el incremento estructural del gasto. Y sugiere asegurar el seguimiento y la evaluación continua del programa para asegurar su eficacia y eficiencia.