El Ministerio del Interior británico quiere que Google y otros proveedores de servicios guarden durante un mínimo de doce meses el registro de todas las comunicaciones, incluidas los mensajes de texto, así como el uso de Facebook, Twitter y Skype, según ha revelado el prestigioso “The Times”.

El Gobierno británico y el resto de los Gobiernos del mundo que tienen la obligación de defender a sus ciudadanos de la amenaza terrorista y del crimen organizado busca todo tipo de medios para analizar y obtener la información que circula permanentemente por Internet. Esto no es un secreto, porque los servicios de Inteligencia militares y civiles de los distintos Gobiernos disponen de medios y de expertos capaces de obtener y analizar cualquier información susceptible de estar relacionada con el terrorismo y el crimen organizado.

La “Red” es, pues, una gran autopista a través de la cual  los “terroristas” circulan para establecer todo tipo de comunicaciones. Véase el ejemplo de Al Qaeda, que unas veces usa la “Red” para atribuirse acciones criminales y trasladar sus comunicados de amenaza, y en otras ocasiones lo hace para sus comunicaciones internas, a través del mundo entero, con carácter secreto y clandestino. Y si nos acercamos a España, está cada día más clara la actividad de los terroristas de ETA en relación con sus comunicaciones telefónicas y de Internet, aunque también cada día ellos procuran adoptar mejores medidas de seguridad en sus comunicaciones.

Los servicios secretos de los países amenazados por el terrorismo necesitan incrementar sus plantillas de expertos en esta materia y dotarse de medios cada día más sofisticados de control. Trabajan constantemente en mejorar la coordinación y el intercambio de información a través de los organismos internacionales. Pero son conscientes de que los terroristas y los miembros del crimen organizado siempre van un paso por delante de ellos.

Otra cosa es cuando se produce una investigación sobre algún sospechoso o por una determinada  detención. Entonces, es necesario escudriñar sobre todas las comunicaciones realizadas por el sospechoso a través del teléfono y por medio de Internet. Sus relaciones pueden conducir  a la detención de más elementos terroristas e impedir la comisión de graves atentados, como así ha ocurrido en numerosas ocasiones.

Nos encontramos, por tanto, ante un arma defensiva muy eficaz que debe ser regulada  en sociedades sobre las que prima la libertad de información de los ciudadanos. Aunque el problema que se ha suscitado en Gran Bretaña tiene más que ver con la confianza en la gestión de una empresa privada como Google para la realización de misiones relacionadas con la seguridad de los Estados.

En este sentido, Cristopher Graham, controlador británico de la privacidad de los ciudadanos,  ha advertido al Gobierno contra la tentación de encomendar a Google la gestión de un nuevo banco de datos destinado a facilitar la lucha antiterrorista. Cree que sería un error encargar la gestión de esos datos a una empresa como Google, responsable de haber «violado» las leyes de protección de la privacidad.

El Gobierno de David Cameron quiere que se guarde un registro de todas las comunicaciones privadas ante la insistencia de la policía y los servicios de seguridad británicos que lo consideran imprescindible para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, no es partidario del plan del anterior Gobierno laborista de crear un banco central de datos del Gobierno y, por ello, pretende encomendar su custodia a empresas individuales.

Estas empresas estarán obligadas a guardar un registro del uso que hacen de internet y el teléfono los ciudadanos, aunque no del contenido concreto de sus llamadas o mensajes. Según el controlador de la privacidad, el Gobierno tendrá que demostrar la justificación de la proyectada medida. «Quienquiera que crea que encargar que guarden esa información a los proveedores de servicios en lugar de hacerlo en un gran banco de datos va a resolver el problema no sabe lo que ha pasado con Google», critica Graham, en «The Times».

Pero las cosas han llegado más lejos en Gran Bretaña. El comisario de Información británico ha acusado a Google de violar las leyes con su polémico servicio Street View, que proporciona detalladas vistas de ciudades de todo el mundo a nivel de calle y recoge información personal, como correos electrónicos y claves de usuarios de internet, sin conocimiento de los afectados.

Vuelve a estar enfrentada la necesidad de seguridad frente a la incuestionable libertad de los ciudadanos. Y sobre todo, está en tela de juicio la participación en ese control de la información por parte de empresas privadas, haciendo dejación por parte de los Gobiernos de sus obligaciones, aunque sus carencias en la materia sean tan grandes.