El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no perdió la oportunidad para denunciar, una vez más, en la Asamblea General de la patronal, el gran fraude y los perjuicios que para la economía española y la financiación del Estado de Bienestar supone la economía sumergida. Un fraude consentido, cuando no directamente fomentado, desde algunas administraciones que estafa anualmente 220.000 millones de euros al Estado, es decir a todos los españoles, que equivalen al 22 por ciento del PIB nacional.

Una cifra cuyo afloramiento permitiría eliminar de un solo golpe los 22.000 millones de euros de déficit de la Seguridad Social, los 3.867 millones de nuestro déficit público y aliviar una parte importante del endeudamiento, y que coloca a España a la cabeza de unos de los principales rankings de vergüenza de los países industrializados. Los datos que manejan los principales servicios de estudios los organismos multinacionales sitúan a España como el país con mayor volumen de economía sumergida de la Unión Europea en porcentaje del PIB, con el citado 22 por ciento, tasa que duplica el 11 por ciento del Reino Unido y que supera a las de Alemania y Francia en 10 y 8 puntos de PIB, respectivamente. De igual forma, España se sitúa entre las cinco economías con mayor volumen de actividad sumergida entre los estados miembros de la OCDE.

Pero a pesar de la contundencia de estos datos todo indica que Garamendi y la CEOE van a seguir un año más clamando en el desierto, porque ni desde el Gobierno del Estado ni desde las administraciones locales y autonómicas se apuntan medidas contundentes para acabar con esta lacra. Aún más desde algunas de estas instituciones no sólo se tolera sino que, incluso se fomenta, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, o del anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid donde durante los cuatro años de mandato Manuela Carmena la lucha contra los “manteros ha caído un 21 por ciento, con el consiguiente impacto sobre la recaudación fiscal y el agravamiento de la competencia desleal contra los comerciantes honrados que si pagan sus impuestos y no engañan al consumidor con falsificaciones.

Cierto es que hay elementos en nuestro país que favorecen la expansión de la economía sumergida como son el elevado desempleo y una presión fiscal que raya lo confiscatorio y es un acicate para el fraude. La práctica unanimidad de los expertos consultados coinciden en apuntar que la mejor medida para aflorarla la economía sumergida es una rebaja de impuestos. “A menor presión fiscal menor fraude”, apuntan y señalan como la presión fiscal sobre las empresas en España se sitúa en el 48 por ciento, frente al 41 por ciento de media de la UE, el 32 por ciento de Francia y el Reino Unido o el 39 por ciento de la OCDE. Al mismo tiempo la economía sumergida sirve a la Administración para camuflar las estadísticas del desempleo puesto que quienes se dedican a esta actividad no figuran en las cifras del paro registrado o de la EPA.

Como casi todos los problemas que afectan a la economía y a la vida de los ciudadanos, la solución sólo depende de una decisión política de quienes mandan. Y las recetas son sencillas: mayor inspección fiscal y laboral, aumento de las sanciones y rebaja impositiva. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?