El exjefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano ha abonado la fianza de 300.000 euros fijados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para eludir su ingreso en prisión preventiva por su implicación en ‘Tándem’, caso en el que se investiga los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Corrochano está investigado por su relación con el excomisario, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, con quien habría actuado de interlocutor con el BBVA para el desarrollo de los contratos que de, acuerdo a la investigación, habría ido encadenando durante una década Cenyt, una sociedad mercantil del policía para supuestas tareas de inteligencia y a cambio de ingentes cantidades de dinero.

Tras comparecer el viernes 6 de julio como investigado por estos hechos y acogerse a su derecho a no declarar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dio un plazo de 15 días a Corrochano para consignar la cantidad de 300.000 euros para eludir la prisión.

El magistrado impuso las medidas cautelares de retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de comparecer mensualmente en el juzgado más cercano a su domicilio, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.

A Corrochano se le investiga, entre otros, por delitos de cohecho, corrupción entre particulares y vulneración de la intimidad en un contexto de operaciones entre el BBVA y Cenyt que podrían superar los 10 millones de euros durante un plazo superior a 13 años.

Estos contratos millonarios para desempeñar supuestas labores de inteligencia para el BBVA forman la novena pieza separada del caso Tándem, en las que se investigan tareas en las que se habrían incluido escuchas y espionaje a miembros del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero, entre otras personas.

La parte más conocida de esta pieza que permanece bajo secreto de sumario es la relativa a la ‘operación Trampa’, el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración de BBVA.

Villarejo facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.