De las escasas, casi nulas reacciones del mundo económico a los planteamientos de gobierno desgranados por Pedro Sánchez, vale destacar dos, una pacífica y la obra belicosa. La primera procede del consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, quien pide la formación de un Gobierno cuanto antes porque “siempre da más certidumbre y la certidumbre da estabilidad y favorece las inversiones”. La conclusión de este jefazo al servicio de la heredera Ana Patricia Botín, es de silogismo en “bárbara”: “Más vale un gobierno estable que estar sin gobierno”.

Al no emitir mensaje o declaración alguna se entiende que la patronal CEOE y su presidente Antonio Garamendi mantiene su tesis zoológica de mandar a Podemos a cazar gamusinos y convocar elecciones en noviembre. Así se lo dijo a Sánchez en un viaje reciente a Bogotá, después de intentar persuadir al dúo Rivera-Casado de que se abstuvieran para facilitar la gobernabilidad y, sobre todo, evitar la entrada de Podemos en el Ejecutivo.

La segunda reacción, beligerante, procede de los operadores de las apuestas y juegos de azar, un sector que ha crecido a un ritmo muy superior a cualquier otra actividad desde la concesión en 2012 de las licencias a 55 grandes empresas, en su mayoría multinacionales con domicilio social y fiscal en Gibraltar, Malta, Isla de Man, Luxemburgo y algún otro territorio de baja o nula fiscalidad. Esta industria mueve más de 30.000 millones de euros al año, con un margen (el dinero que no devuelven en premios) que en conjunto supera el 25%, y un beneficio neto estimado en torno a 5.000 millones de euros anuales.

Los magnates del juego (71 operadores privados en la actualidad) han funcionado sin regulación ni límites en materia publicitaria, de promociones y patrocinios. Han hecho su agosto durante los ocho años de gobierno del PP con Mariano Rajoy al frente, con independencia de la crisis financiera y económica, se han beneficiado de la falta de regulación, desarrollo y aplicación de las medidas previstas en la ley de 2011 y, antaño en la alegalidad y hogaño en la manga ancha, han infectado los barrios de menor renta y el ciberespacio de este país. España es una timba.

Los riesgos de esa industria que no produce objeto ni bien alguno y se basa en la distribución inversa (mucho para pocos) han de ser evaluados y no minimizados como hasta ahora. La adicción afecta a decenas de miles de personas entre 18 y 35 años. Las tragaperras ya causaron estragos en la población de más edad en los años noventa. La facilidad de acceso a las apuestas y juegos de azar online está causando estragos silenciosos en personas y familias. La adicción y el juego de riesgo ni siquiera han sido seriamente estudiados, aunque existe una encuesta bianual, sesgada y poco rigurosa que sitúa la enfermedad en el 0,5% de los dos millones de jugadores habituales.

Pero basta que Sánchez haya dicho que “la sociedad demanda que regulemos con valentía el juego, que se ha extendido de forma descontrolada por las calles de nuestro país y, en particular, en los distritos con menor renta”, y anunciado “rigor para prevenir la aparición de la ludopatía y fomentar, en definitiva, un ocio alternativo saludable”, para que los lobis del sector se le hayan lanzado a la yugular.

La comprensible falta de concreción en un discurso forzosamente general no ha impedido a unos acusarle de pretender vulnerar el régimen autonómico, con competencias en el juego presencial; a otros reprocharle que haya olvidado la regulación publicitaria de las apuestas y cibertimbas, en las que sí tiene competencias, y a otros, incluso con sueldos de instituciones públicas, a destaparse como feroces defensores de esta actividad dominada por fondos buitres y magnates disfrazados de algoritmos y nombres extraños.

Aunque sólo fuera para poner las peras a cuarto a los que con apaños, trampas fiscales y todo tipo de ardides de garito y cibergarito se lo llevan crudo –los ciberoperadores aportaron 50 millones de euros en impuesto de sociedades y los salones de azar unos 100 millones a las autonomías en 2018– sería positivo que el PSOE, Podemos y el PNV sumaran sus fuerzas y sacaran adelante la investidura de Sánchez este jueves. Si siempre gana la casa, que sea la casa común de los españoles, no los fondos buitres anglosajones, rusos y árabes.